La dirigente estatal del PRI, Roxana Higuera Espinoza, exige justicia y señala la complicidad de funcionarios en un desfalco histórico que ha drenado las arcas nacionales.

La Paz, Baja California Sur. – La dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California Sur, Roxana Higuera Espinoza, puso el dedo en la llaga al exigir que se esclarezca lo que calificó como una de las redes de corrupción más grandes del mundo: el “Huachicol Fiscal”. Sus declaraciones llegan en un momento crítico, luego de que este caso a nivel nacional expusiera un boquete de más de 150 mil millones de pesos que no ingresaron al erario, un hecho que, según señala, no habría sido posible sin la complicidad de funcionarios en el poder.

El problema del huachicol, lejos de erradicarse, se ha sofisticado. Mientras la administración federal anterior y la actual han promovido su combate como una bandera, las cifras revelan una realidad distinta. Por un lado, el “huachicol básico” —el robo mediante tomas clandestinas en ductos de PEMEX— registró más de 14,000 perforaciones en 2024, un promedio alarmante de 40 por día. Por el otro, la modalidad de “huachicol fiscal” opera a una escala industrial, con la importación ilícita de hasta 18,000 millones de litros de combustible solo el año pasado.

Higuera Espinoza fue contundente al señalar la incongruencia entre el discurso oficial y los hechos: “El gobierno de AMLO y Sheinbaum prometieron combatir el Huachicol… que lo hagan de verdad, dejen de encubrirlo, permitirlo”. La dirigente priísta destacó la gravedad de un delito que implica la colusión de delincuencia organizada y funcionarios de al menos cuatro dependencias, incluida la Secretaría de Hacienda, lo que configura un acto de corrupción sin precedentes en la historia moderna de México.

Editorial: Un mal que trasciende la corrupción

Más allá de la denuncia política, el huachicol representa una triple herida para la nación. En primer lugar, es un severo daño a la economía: se calcula que evade impuestos correspondientes al 30% de los combustibles vendidos en el país, lo que significa un desfalco de aproximadamente 177 mil millones de pesos anuales, recursos vitales para educación, salud e infraestructura.

En segundo término, este negocio ilícito está intrínsecamente ligado al crimen organizado, generando violencia, enfrentamientos entre cárteles y tragedias como explosiones en comunidades vulnerables. Finalmente, y quizás lo más lamentable, es que explota la necesidad de familias en situación de pobreza y falta de oportunidades, arrastrándolas a una cadena criminal que too often termina en tragedia.

La exigencia del PRI en Baja California Sur no es solo un reclamo partidista; es un eco de una demanda ciudadana que clama por justicia y transparencia. El caso del huachicol fiscal no es una simple estadística: es la evidencia de que la corrupción, cuando se institucionaliza, se convierte en el mayor lastre para el desarrollo y la seguridad de México.