Cabo San Lucas (California) — En un caso que ejemplifica la pugna por el acceso al agua en zonas de alta demanda, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de un individuo identificado como Sixto “N”, acusado del delito de quebrantamiento de sellos de clausura en pozos de agua ubicados en el ejido de Migriño, Cabo San Lucas.

La investigación, que inició con una denuncia del director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revela un trasfondo de apropiación indebida de un recurso público. Los pozos en cuestión fueron clausurados por la autoridad debido a que se explotaban sin el título de concesión obligatorio, es decir, se extraía agua nacional subterránea de manera ilegal. Lo grave no es solo la extracción sin permiso, sino el presunto destino del líquido: en lugar de destinarse al uso local para el que, se supone, debería ser prioritario, se habría estado comercializando a gran escala en el lucrativo mercado de Cabo San Lucas.

Esta situación editorializa un problema recurrente: la conflictividad hídrica. Mientras la comunidad local sufre los efectos de la escasez, actores particulares lucran con el recurso, violando la ley de manera flagrante. El quebrantamiento de los sellos de clausura no es un simple acto vandálico; es un delito que atenta contra la gestión ordenada del agua y beneficia intereses privados sobre el bienestar colectivo.

Las acciones del Ministerio Público Federal, que incluyeron un cateo y el aseguramiento de bienes, condujeron a la audiencia inicial donde un juez de Control determinó que existían elementos suficientes para procesar a Sixto “N”. La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el que se deberán esclarecer todas las responsabilidades y, crucialmente, la escala de la operación ilegal.

Este caso se convierte en una prueba para las autoridades. La vinculación a proceso es un primer paso importante, pero la sociedad espera que se sancione ejemplarmente a los responsables y se tomen medidas para evitar que el agua, un bien de la nación destinado primero a la subsistencia de las comunidades, sea desviada para el enriquecimiento de unos cuantos. La justicia hídrica debe prevalecer.