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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha ejecutado una clausura total temporal en la zona de “Las Tunas”, en Todos Santos, Baja California Sur, un acto que parece un capítulo más de una creciente y preocupante tendencia. El motivo: un proyecto de construcción se desarrollaba sobre las frágiles dunas costeras sin contar con las autorizaciones ambientales federales obligatorias.

Este caso no es aislado y pone sobre la mesa el verdadero conflicto que vive la localidad: una ola de gentrificación que prioriza grandes proyectos residenciales y comerciales sobre la conservación del ecosistema y la esencia de la comunidad. Las dunas, vitales como barreras naturales contra la erosión y hábitat de especies, son vistas por los desarrolladores como lotes de alto valor, invadiendo no solo la costa sino también desplazando, directa o indirectamente, las huertas que han caracterizado a la región.

La clausura revela una práctica alarmante. Las licencias de construcción expedidas por el ayuntamiento, supuestamente para viviendas, estaban siendo utilizadas para levantar lo que las autoridades federales identificaron como posibles edificaciones de uso comercial. Esta discrepancia señala una grave inconsistencia en la regulación local y una puerta abierta para el abuso.

La sombra del controversial proyecto «El Palmoral», que hace apenas tres meses desató protestas ciudadanas, es alargada. Aquel caso evidenció la fuerza de la resistencia comunitaria y ahora esta nueva clausura confirma que el patrón de desarrollo depredador no solo continúa, sino que se multiplica. La Profepa, ante la evidente presión social y el riesgo ecológico, se ve obligada a seguir revisando y actuando.

Si bien la clausura es una medida necesaria y positiva, es una acción reactiva. La pregunta que flota en el aire es si será suficiente para detener una maquinaria inmobiliaria impulsada por fuertes intereses económicos. La Profepa subraya la importancia de respetar la ley, pero la comunidad de Todos Santos vive en carne propia la tensión entre un «progreso» que llega con cemento y la defensa de su patrimonio natural y cultural.

Este acto de autoridad es un triunfo momentáneo para la conciencia ambiental. Sin embargo, exige una reflexión más profunda sobre el modelo de desarrollo que se quiere para Baja California Sur: uno que sacrifique sus recursos únicos al mejor postor, o uno que encuentre un verdadero equilibrio, donde las dunas y las huertas no sean solo un recuerdo. La vigilancia ciudadana, como reconoce la propia Profepa, sigue siendo la última trinchera.