La Cuarta Transformación en Baja California Sur: Austeridad Prometida, Corrupción Cumplida

Un testimonio escrito a mano desnuda el modus operandi del desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas bajo la protección del gobierno estatal

La promesa de austeridad y transparencia con la que Víctor Manuel Castro Cosío llegó al gobierno de Baja California Sur se ha convertido en un espejismo que se desvanece ante los evidentes actos de corrupción que continúan operando con impunidad.

Lejos de ser el gobierno diferente que prometió, la administración estatal ha perfeccionado el arte del desvío de recursos públicos, según revela el testimonio clave de un contador arrepentido.

El mecanismo de la corrupción

Documentación en poder de METRÓPOLI MX, que ha publicado las evidencias de una carta firmada por Javier Armando Ramírez Manjarrez, ex jefe del Departamento de Contabilidad del Instituto de Vivienda (INVI), describe minuciosamente cómo entre febrero y junio de 2023 se desviaron aproximadamente 8.5 millones de pesos del erario estatal. El dinero, en efectivo, tenía un destino claro: financiar la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.

Las entregas siguieron un protocolo cuidadosamente establecido: inicialmente se realizaron a través de Juan Manuel Reyes Cervantes, entonces director de Administración y Finanzas del INVI, y posteriormente mediante Fernanda Marisol Villarreal González, directora del Instituto en ese momento. Las cantidades eran cuantiosas y recurrentes: 1.5 millones en febrero, 2 millones en marzo, 1 millón en abril, 1.5 millones en mayo y 1 millón en junio.

Los actores del desvío

El testimonio señala directamente al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y al senador Homero Davis Castro como los autores intelectuales de este esquema. La instrucción era clara: «todo el apoyo para Adán Augusto». Fernanda Villarreal, identificada como la operadora principal, habría afirmado que «la única que mandaba era ella» por instrucción expresa del gobernador y el senador.

El dinero no solo se destinó a entregas directas. Aproximadamente 400,000 pesos se utilizaron para comprar camisas, lonas, folletos, gorras y cubrir gastos de logística para eventos de promoción del precandidato presidencial en colonias populares de La Paz.

La complicidad institucional

Resulta particularmente grave la aparente omisión del Fiscal Anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz Amao, quien hasta ahora no ha abierto carpeta de investigación alguna. Esta inacción cuestiona seriamente la independencia del sistema de justicia estatal y sugiere una protección institucionalizada a los presuntos responsables.

Mientras tanto, el único actor que enfrenta consecuencias es el denunciante: Javier Armando Ramírez Manjarrez se encuentra recluido en el CERESO de La Paz, acusado de peculado, en lo que parece ser una estrategia de criminalización del whistleblower.

El costo social de la corrupción

Estos 8.5 millones de pesos desviados representan medicamentos que no se compraron, escuelas que no se repararon, apoyos que no llegaron a los jóvenes. Mientras la población sudcaliforniana enfrenta carencias reales, sus impuestos financiaban ambiciones políticas nacionales.

La ironía resulta cruel: un gobierno que se autodenomina «de la Cuarta Transformación» reproduce las prácticas más nocivas del viejo sistema que decía combatir. Lejos de transformar, ha institucionalizado la corrupción.

Un patrón nacional de complicidades

Este caso no es aislado. Se suma a los escándalos del «Cártel de La Barredora» y el «Huachicol Fiscal» que manchan la imagen de Morena a nivel nacional. Revela un patrón preocupante: la utilización de estructuras gubernamentales estatales para financiar proyectos políticos nacionales.

Baja California Sur merece respuestas claras. La sociedad sudcaliforniana exige que se investigue hasta el fondo este caso, que se finque responsabilidad a los involucrados y que se recuperen los recursos desviados. La credibilidad de la Cuarta Transformación está en juego, pero más importante aún: lo está la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.