La Paz (California) – Una crisis ambiental de graves proporciones se desata en el municipio de La Paz, donde un presunto ecocidio perpetrado desde agosto pasado amenaza la salud pública, la seguridad alimentaria y los frágiles ecosistemas de la zona. La denuncia ciudadana expone no solo el delito, sino la alarmante inacción de las autoridades competentes para contenerlo, permitiendo que la situación escalara hasta un incendio que ha esparcido toxinas en el aire.

El foco rojo se localiza en el kilómetro 119 de la carretera Transpeninsular, rumbo a Ciudad Constitución. Un predio que antes albergaba huertas de cultivo y era atravesado por un arroyo vital para la región, fue convertido ilegalmente en un vertedero de residuos peligrosos a partir del 22 de agosto de 2025.

La magnitud del desastre es colossal. La contaminación se extiende a lo largo de 8 kilómetros del cauce del arroyo, el cual es la principal fuente de agua para las comunidades aledañas, sus cultivos y su ganado. Este canal de vida, ahora envenenado, finalmente desemboca en el Océano Pacífico, ampliando el potencial daño al mar y a la vida marina.

Entre los desechos identificados de manera alarmante se encuentran:

• Residuos hospitalarios de alto riesgo biológico.
• Medicamentos caducados.
• Baterías y tanques de aceite usados.

El agravante climático llegó con las recientes lluvias, que arrastraron este cóctel tóxico a lo largo del arroyo, dejando a su paso una capa de aceite que cubre la superficie del agua. La intoxicación del principal afluente de la zona compromete de manera directa la seguridad alimentaria y la salud de los habitantes.

La Denuncia Ciudadana y el Abandono Institucional

Ante esta catástrofe, los propietarios del terreno, Martina Lucero y Máximo Álvarez, elevaron la voz de alarma a través de redes sociales. Si bien inicialmente fueron atendidos por personal de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y Coepris, la denuncia subraya que las visitas no se tradujeron en acciones concretas para frenar la contaminación o iniciar la remediación.

La falta de una respuesta contundente allanó el camino para que la situación alcanzara un punto crítico. El 18 de septiembre, en un acto de imparable negligencia, alguien ingresó al predio y le prendió fuego a la basura tóxica. El resultado fue una nube de humo cargada de partículas peligrosas que ahora se respira en la comunidad, añadiendo una crisis de calidad del aire a la ya existente contaminación del suelo y el agua.

Fue hasta el 19 de septiembre que se presentó una denuncia formal ante la Profepa. La ciudadanía exige, con urgencia, que el Gobernador Víctor Castro Cosío, junto con la SEMARNAT y la Profepa, actúen de inmediato para:

1. Sancionar ejemplarmente a los responsables de este delito ambiental.
2. Contener la fuente de contaminación.
3. Iniciar los trabajos de remediación integral del área afectada.

Este caso se perfila como una prueba de fuego para las instituciones ambientales del estado y evidencia los riesgos de la impunidad ecológica, donde la inacción oficial permite que un delito se convierta en una catástrofe de salud pública.