San José del Cabo (California) — Un manto de indignación y dolor cubre la comunidad tras la controversial decisión judicial de dejar en libertad a Jorge Alberto “N”, presunto responsable del accidente vial que segó la vida de tres personas la madrugada del 7 de septiembre.

A pesar de la gravedad de los hechos –que incluyen fuga del lugar y abandono de las víctimas–, un juez de control determinó imponer solo medidas cautelares leves, como la prohibición de salir de la ciudad y la firma periódica, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

La tragedia, ocurrida en el kilómetro 032+800 de la carretera San José del Cabo-Cabo San Lucas, en la zona conocida como la Y Griega, conmocionó a la sociedad por su crudeza y las circunstancias en que se desarrolló.

Según la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Jorge Alberto “N” conducía una camioneta Dodge Dakota 2007 en exceso de velocidad y sin precaución, lo que provocó que perdiera el control, invadiera el carril contrario e impactara frontalmente contra otro vehículo, un Dodge Attitude 2011 que circulaba legalmente.

Tras el choque, la camioneta volcó, ocasionando la muerte instantánea de dos hombres y una mujer, además de dejar a otro hombre con traumatismos faciales severos que ponen en riesgo su vida.

Pero lo que exacerbó la reprobación social fue la cobardía del presunto responsable: en lugar de auxiliar a las víctimas, huyó del lugar, abandonándolas a su suerte. Este acto, considerado por muchos como una muestra de inhumanidad, contrasta con la ligereza de las medidas cautelares impuestas.

Aunque la PGJE logró la vinculación a proceso por tres cargos de homicidio culposo y uno de lesiones culposas, la resolución judicial ha sido percibida como un fallo insuficiente por parte de la ciudadanía y colectivos civiles, quienes esperaban una medida más severa dada la naturaleza del incidente y la conducta posterior del imputado.

La audiencia inicial, celebrada el viernes 19 de septiembre, dejó en evidencia las tensiones entre el clamor social y el marco legal. El Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito presentó los datos de prueba que sustentaron la vinculación, pero el juez concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual el acusado permanecerá en libertad con reservas.

Este caso reabre el debate sobre la eficacia del sistema judicial frente a delitos viales que derivan en tragedias humanas. Organizaciones civiles y familiares de las víctimas exigen que se revise el protocolo de medidas cautelares en casos de homicidio culposo con agravantes como la fuga del lugar.

La PGJE, por su parte, emitió un comunicado reiterando su “compromiso de combatir la impunidad”, pero son muchas las voces que cuestionan si esa promesa se cumple cuando un presunto responsable de triple homicidio puede esperar en libertad el desarrollo de su proceso.

Mientras tanto, la sociedad de Los Cabos permanece atenta, esperando que la investigación logre esclarecer por completo lo ocurrido y que, eventualmente, la justicia prevalezca para las víctimas y sus familias. La memoria de aquellos que perdieron la vida por una conducción imprudente clama por algo más que medidas bajo reserva: exige justicia.