La Paz (California) — En una conferencia de prensa, la asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía A.C. denunció que el diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso de Baja California Sur, ha engañado al pueblo sudcaliforniano con la aprobación de la llamada Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

El trasfondo: veto parcial y declaraciones del gobernador

El señalamiento surge tras el veto parcial del Decreto 3162 emitido por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien en sus observaciones fue enfático: en Baja California Sur no existen pueblos ni comunidades indígenas ni afromexicanas originarias, únicamente grupos migratorios que se han asentado en la entidad con el paso del tiempo.

Este reconocimiento oficial pone en entredicho la labor del diputado Escogido y del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, Eduardo Valentín Van Wormer Castro, quienes impulsaron una consulta y un marco legal que, según los denunciantes, carece de sustento real y legal.

“¿A quién consultaron?”

La asociación cuestionó directamente a los legisladores:

“Si el propio gobernador afirma que en nuestro estado no existen pueblos ni comunidades indígenas ni afromexicanas, ¿a quién consultaron los diputados Escogido Flores y Van Wormer para dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte?”.

Recordaron que la Corte, en enero de 2024, declaró inválido el decreto 2620 que había expedido la primera versión de la ley, y dio al Congreso 12 meses para realizar una consulta formal y emitir una nueva regulación. El resultado, aseguran, fue un proceso lleno de irregularidades y omisiones.

Críticas a la creación de un nuevo organismo

El veto del gobernador también objetó la creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, por carecer de viabilidad legal y financiera. Se advirtió que dicho organismo habría implicado riesgos en materia de disciplina presupuestal y transparencia, en un estado que ya presenta bajos índices en rendición de cuentas.

Exigen veto total y responsabilidades

Los representantes de la asociación exigieron el veto total de la ley, acusando a los diputados de “mentir, burlarse del pueblo e incluso engañar a la Suprema Corte”. Además, demandaron que los legisladores y sus asesores asuman responsabilidades por las omisiones y la falta de rigor jurídico en la elaboración de la norma.

“Ya basta de mentiras”

El presidente de la asociación, Guillermo Trasviña Meza, cerró con un enérgico llamado:

“Ya basta de tantas mentiras, ya basta de tanta impericia y ya basta de que se sigan burlando del pueblo de Baja California Sur. Queremos congresos con diputados responsables y asesores profesionales, no legisladores que dilapidan el presupuesto mientras descuidan la seguridad, la salud y la educación”.

La organización también recordó que a nivel nacional se prepara una Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, de aplicación en toda la República, lo que hace aún más delicado que en Baja California Sur se legisle sin un sustento real en la existencia de estas comunidades.

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