La Paz (California) – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) desmintió los señalamientos hechos por la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, quien acusó supuestos cierres de oficinas, despidos injustificados y mal uso de recursos en este órgano autónomo.

En un comunicado, la institución aclaró que no existe ningún cierre de oficinas foráneas, ni se ha incurrido en prácticas indebidas con los recursos públicos. Además, afirmó que no hay despidos injustificados, pues en todo momento se han respetado los derechos laborales de los trabajadores.

La CEDH precisó que algunas oficinas operan de manera remota debido a que empleados optaron por no acudir a sus centros de trabajo al argumentar inseguridad en la zona. A ellos se les ofreció reubicación en otras áreas, pero rechazaron la propuesta.

Asimismo, señaló que en ciertos casos hubo remociones de personal por acciones indebidas o baja productividad, pero se cumplió con las liquidaciones conforme a la ley, procedimientos que fueron aceptados por los propios trabajadores y ratificados ante autoridades laborales.

La institución destacó que se avanza en la selección de nuevo personal para atender todas las oficinas, reiterando su compromiso de brindar atención profesional, ética y humana a las víctimas.

De igual manera, informó que desde el inicio de la actual administración se gestiona la instalación de una oficina en Los Cabos, municipio de donde proviene el 30% de las quejas ciudadanas.

Enfatizó que, al representar apenas el 0.05% del presupuesto estatal, la Comisión ha adoptado una disciplina financiera que permite enfocar los recursos en áreas sustantivas, privilegiando al personal que atiende quejas, orienta, acompaña y capacita a víctimas.

Finalmente, la CEDHBCS puntualizó:

• Ninguna área sustantiva ha sido desmantelada.
• No existe mal uso de recursos públicos.
• La Presidencia no cuenta con dos asistentes administrativos.
• No era justificable mantener auxiliares en visitadurías con baja productividad.

La Comisión refrendó que su prioridad es garantizar la atención efectiva y cercana a las personas en situación de vulnerabilidad, bajo un enfoque de transparencia y responsabilidad institucional.

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