LA PAZ (CALIFORNIA) – El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, informó que tras perder un recurso de amparo, procedió la clausura definitiva de los pozos de agua en el ejido de Migriño, los cuales eran explotados de manera irregular y presuntamente destinados a un lucrativo comercio ilegal.

En declaraciones a medios de comunicación, el mandatario estatal detalló que el operativo de clausura, ejecutado previamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Castro Cosío explicó el origen del conflicto: inicialmente, el agua extraída de estos pozos estaba destinada al uso de oficinas públicas y de la escuela rural de la zona. Sin embargo, la situación derivó en una presunta explotación comercial ilícita.

«De repente, comenzaron a llenar pipas que vendían el vital líquido a las colonias de Cabo San Lucas», afirmó el gobernador, caracterizando estas actividades como «huachicoleo de agua potable».

Fue esta presunta desviación para su venta comercial la que motivó la intervención de las autoridades y la clausura inicial de los pozos. Como respuesta, un grupo de ejidatarios interpuso un amparo para revertir la medida y recuperar el acceso al recurso hídrico.

Sin embargo, según reportó el gobernador, dicho recurso legal fue fallado en contra de los ejidatarios. «Perdieron el amparo», declaró Castro Cosío, señalando que fue informado de esta resolución por el delegado estatal de la Conagua, Julio César Villarreal Trasviña.

Con la resolución judicial firme, la clausura de los pozos queda formalizada, dando por concluido el proceso legal a favor de la autoridad.

El gobernador se mostró enfático en su postura de apoyar las acciones para frenar el abuso en el uso del agua. «Se mostró a favor de que se acabe el abuso y se le dé un buen uso al vital líquido», subrayando la crítica situación hídrica que vive la entidad. Además, hizo un llamado para que «se investigue a fondo si hubo una explotación ilegal» del acuífero, lo que podría derivar en acciones penales contra los responsables.

La noticia marca un precedente en los esfuerzos por combatir la extracción y venta ilegal de agua en el estado, un problema creciente en regiones con escasez hídrica como Baja California Sur.