Manuel Cota Cárdenas se desmarca de su dirigente en este caso

La Paz (California) – Esta mañana, Guillermo Trasviña, dirigente de la Asociación Rescate de los Pueblos, y Porfirio Díaz, habitante del rancho La Burrera en la Sierra de la Laguna, denunciaron la presunta venta de terrenos de esta reserva natural a Jorge Emilio González Martínez, líder histórico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), conocido como «El Niño Verde». Según los denunciantes, el objetivo sería construir una cabaña de retiro para su padre, el exdirigente del PVEM, Jorge González Torres.

Los denunciantes confirmaron que las fotografías de un helicóptero aterrizando en El Valle de la Laguna, una zona protegida donde está prohibido el ingreso de vehículos motorizados para preservar el ecosistema, son auténticas. Señalaron que estas acciones, autorizadas bajo un cambio en la normativa ambiental, marcan un precedente peligroso para la conservación del área. Pidieron la alcaldesa Milena Quiroga que muestre las autorizaciones para esa venta y las condiciones en que se hizo.

Además, acusaron a González Martínez de actuar con prepotencia durante sus visitas al lugar, acompañado por Benito Bermúdez, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna.

Según testigos, «El Niño Verde» habría dicho a los lugareños: «Ya cambió la Sierra de la Laguna, ahora es propiedad privada», prohibiendo la presencia de caballos por el «olor a estiércol», lo que fue considerado un agravio por los rancheros de la zona.

Posturas políticas divididas

En respuesta, el diputado federal del PVEM, Manuel Cota Cárdenas, declaró desde el Congreso del Estado: «Vamos a defender la Sierra de la Laguna, sin importar quién sea el involucrado. Exigimos transparencia en este caso».

Por su parte, el diputado local del PVEM, Erick Iván Agúndez Cervantes, desmintió cualquier vinculación del partido con el supuesto proyecto: «Rechazamos categóricamente estos señalamientos. No existe tal desarrollo ni hemos participado en él. La Sierra de la Laguna es prioridad para nuestra agenda ambiental». Agregó que las leyes vigentes prohíben cualquier construcción en la reserva y reiteró su compromiso con su protección.

Incertidumbre y demanda de claridad

La situación ha generado preocupación entre ambientalistas y comunidades locales, quienes exigen una investigación a fondo sobre las autorizaciones otorgadas y la posible privatización de un área protegida. Mientras tanto, la controversia sigue escalando, con llamados a las autoridades federales y estatales para intervenir en el caso.

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