LA NOTICIA DE HOY ES: LOS CABOS ¿LLEGÓ EL MOMENTO DE EXPROPIAR?

Por Carlos Manuel González Muñoz

El tiempo pasa y no se ve claro.

El compromiso del Gobierno federal de construir una planta de combustión interna para generación de energía eléctrica con capacidad de 240 mega watts, así como también la promesa de construir cinco mil casas habitación de interés social en el municipio de Los Cabos, está en entredicho su cumplimiento debido a la falta de reserva territorial y al alto costo de los predios urbanos.

En una nota de la reportera Elizabeth Ramírez, del diario El Independiente, se lee que: “La construcción de la planta de combustión interna para generar energía eléctrica ha tenido retrasos en su avance previo a la obra, debido a la falta de reserva territorial y al alto costo de los predios”.

A pesar de que la construcción de esta planta de combustión interna se anunció desde el pasado mes de febrero por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y de ser dicha obra parte importante del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, la falta de un predio apropiado ha obligado a retrasar el inicio de esta.

La autoridad municipal habría afirmado que “Hasta ahora la construcción de la planta no ha dado inicio, al igual que no se ha logrado tampoco avanzar en la construcción de más casas para el Programa Nacional de Vivienda, porque el gobierno local no cuenta con una reserva territorial para atender la demanda, y el costo por metro cuadrado de tierra es superior al promedio nacional”.

¿Qué hacer? ¿Dar marcha atrás a ambos proyectos? ¿Rechazarlos por falta de un predio? O bien ¿Comprar la tierra así sea a costa de dañar el presupuesto público? ¿De abultar el bolsillo de mercaderes de la tierra?

Por muchos años se ha pretendido dar solución a este problema sin resultado alguno y sin embargo, la solución definitiva a este grave problema puede encontrarse en las páginas de nuestra Constitución de 1917:

Es del dominio público que un factor determinante que explica el alto costo de la tierra en Los Cabos es la añeja y terca decisión de las y los ejidatarios de San José del Cabo y de Cabo San Lucas, de negarse a vender sus tierras al gobierno porque su expectativa es obtener la mayor ganancia y venderlas al mejor postor.

Así han transcurrido casi cincuenta años, sin ceder.

¿Es válida esta decisión de los ejidatarios? ¿Es legítima? Podrá serlo. Pero ¿Cómo convencerlos de que llegó el momento de sentarse a la mesa y acordar un precio justo a sus predios? ¿Que sus tierras no pueden seguir siéndolo?

Hasta el día de hoy han sido inútiles las negociaciones de gobiernos de todos los colores partidistas porque las y los ejidatarios de San José y de San Lucas, se niegan en toda ocasión a ceder en sus pretensiones económicas.

Pero la paciencia y prudencia tienen límites. Además, las circunstancias han cambiado, el contexto social y político del país es otro.

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional”.

¿Acaso el retraso en la construcción de la planta de combustión interna no afecta el desarrollo de la región? Las y los ejidatarios de Los Cabos ¿no están obstruyendo y colocando piedras en el camino al gobierno federal ? ¿A sus planes de desarrollo y fortalecimiento de la soberanía energética? ¿ Perjudicando a sus propios paisanos al lucrar con sus necesidades de vivienda?

Deberían ellos y ellas leer con atención el Artículo 27 de la Constitución porque este establece que: “La nación tendrá en todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público…y en consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”.

Más claro ni el agua.

Habría que precisar que si bien la Constitución le otorga al Estado la facultad de expropiar a particulares por causa de utilidad pública, también le obliga que esta sea “mediante una indemnización”, es decir, ellas y ellos no perderán, no van a quedar en el abandono.

Pero en Los Cabos ha llegado el momento de “agarrar al toro por los cuernos” y colocar en el centro del debate la opción de expropiar tierras a particulares por causa de utilidad pública, a cambio de una indemnización justa que satisfaga a las y los expropiados.

El tiempo ya no espera. Lo ha hecho por un largo, larguísimo periodo.