«Dos Mares»: Proyecto de Conservación en BCS Genera Controversia por Magnitud y Supuesta Injerencia


La Paz, B.C.S. (21 de junio de 2025) – El ambicioso proyecto para crear el Área Natural Protegida (ANP) «Dos Mares», que abarcaría 19 millones de hectáreas cubriendo ambos litorales de Baja California Sur, se encuentra en el centro de un intenso debate que mezcla conservación ambiental, soberanía y derechos comunitarios.

Preocupación Comunitaria y Acusaciones de Injerencia:
La organización Rescate de los Pueblos, liderada por el activista y profesor Guillermo Trasviña, ha expresado profunda inquietud ante la magnitud de la solicitud. Trasviña sostiene que este proyecto es parte de «lo que le reclama Washington» al estado, sugiriendo una posible pérdida de soberanía y una futura anexión territorial.

Denuncia que el plan de manejo de las nuevas ANP estaría a cargo de organizaciones ambientales financiadas directamente desde Estados Unidos, desplazando así las decisiones soberanas del pueblo sudcaliforniano.

Además, la organización acusa al gobierno estatal y al Congreso de cometer una «gran equivocación» al avanzar con estas áreas protegidas, argumentando que se ignora y margina a las comunidades de los Rancheros Californios, cuyos derechos y formas de vida habrían sido afectados por reformas constitucionales previas.

Avance Legislativo y Proceso de Socialización:
Pese a las críticas, el Congreso del Estado de Baja California Sur confirmó que el proyecto «Dos Mares» avanza. En respuesta a la desinformación y especulaciones, el diputado Sergio Huerta Leggs presentó un punto de acuerdo, aprobado por el pleno, para exigir información clara a las autoridades ambientales.

Esto llevó a una reunión sin precedentes el pasado jueves 19 de junio en la Sala de Comisiones «Armando Aguilar Paniagua». Los diputados de la XVII Legislatura recibieron al Dr. Pedro Álvarez Icaza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y al Biólogo Benito Bermúdez Aldama, titular de la CONANP en BCS.

Postura Oficial: Proyecto en Discusión, no Decisión Tomada:
Durante el encuentro, el diputado Huerta Leggs subrayó la «necesidad imperiosa» de informar a todos los sectores sobre el impacto del proyecto, dada su extensión sobre todo el litoral estatal.

Por su parte, el Dr. Álvarez Icaza ofreció una visión diferente a las acusaciones de injerencia. Explicó que «Dos Mares» es un «proyecto de conservación con enfoque humanista» que busca:

  1. Proteger la biodiversidad única de BCS.
  2. Consolidar el modelo mexicano de conservación.
  3. Fortalecer el marco normativo y de gobernanza ambiental.

El Comisionado Nacional enfatizó que se trata de una propuesta aún en etapa de socialización, no de una decisión tomada. «La obligación de las autoridades es escuchar la opinión de la población», declaró, asegurando que el proyecto se presentará y discutirá en todas las regiones afectadas.

Reflexión Final:
El proyecto «Dos Mares» encapsula la compleja tensión entre la urgente necesidad de conservar ecosistemas frágiles y vitales, y el derecho fundamental de las comunidades locales a participar de manera significativa, transparente y soberana en las decisiones que afectan su territorio y su futuro. Las acusaciones de injerencia extranjera, aunque graves y reflejo de un profundo descontento, contrastan con la versión oficial que presenta una iniciativa de conservación nacional en fase de consulta.

El verdadero desafío radica en garantizar que el proceso de socialización anunciado sea genuino, inclusivo y transparente. Debe brindar respuestas convincentes a las legítimas preocupaciones sobre soberanía, evitar la marginación de comunidades históricamente postergadas como los Rancheros Californios, y demostrar que la conservación puede ir de la mano del desarrollo comunitario y el respeto a los derechos locales. La credibilidad del proyecto y la paz social en Baja California Sur dependerán de la capacidad de las autoridades para conciliar la protección ambiental con la justicia social y la autodeterminación de los sudcalifornianos.

La magnitud de la superficie solicitada (19 millones de hectáreas) solo aumenta la responsabilidad de manejar este proceso con extrema sensibilidad y rigor democrático.


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