LA NOTICIA DEL MARTES 10 DE JUNIO ES… “PIDE GOBIERNO A LOS EJIDOS UN TRATO PREFERENTE”

por Carlos Manuel González Muñoz

¿Querrán? ¿Se tentarán el corazón? ¿ o la billetera?

En Los Cabos, el municipio del país con mayor crecimiento poblacional, y también uno de los de mayores ingresos debido al flujo turístico masivo que lo coloca como el segundo destino más visitado, en este municipio de Baja California Sur el costo de un predio de 10 por 20 metros dentro de la mancha urbana que comprende a San José del Cabo y Cabo San Lucas, según información del propio ejecutivo estatal, su precio actual sería de medio millón de pesos, a 2 mil 500 el metro cuadrado. ¿Cómo la ve? ¡Baratito, verdad!

En entrevista para el diario El Independiente, en una nota de la reportera Elizabeth Ramírez, el gobernador del estado reveló que “El Plan Nacional que contempla la construcción de 17 mil viviendas en el municipio de Los Cabos, podría pausarse debido a la falta de reservas territoriales y al alto precio de la tierra”.

El ejecutivo estatal reveló que “para hacer los primeros 700 departamentos se tuvo que comprar a 2 mil 500 pesos el metro cuadrado”, y que por ese motivo “ha solicitado a los integrantes de los Ejidos de Cabo San Lucas y de San José del Cabo, respectivamente, que den un trato preferente a los gobiernos en la venta de tierra”.

¿Le habrán escuchado? Ya se verá.

En efecto, el programa podría pausarse porque entre los requisitos establecidos por el gobierno federal para financiar la construcción de las 17 mil viviendas en Los Cabos, destaca que sean predios localizados dentro de la mancha urbana, no zonas remotas y alejadas donde sea difícil y más costoso llevar los servicios básicos a la población: Quiere evitarse que las y los trabajadores y sus familias tengan que desplazarse desde grandes distancias para asistir a sus labores, e invertir grandes cantidades de tiempo, recursos y esfuerzo en su traslado.

Se trata de un municipio en donde desde hace cuatro décadas la propia autoridad gubernamental, de todos los colores partidistas, promueve y protege la adquisición y acaparamiento de la tierra por parte de inversionistas extranjeros y nacionales, únicos actores económicos con los recursos financieros suficientes para adquirir lotes urbanos, por eso no extraña que en 2025 el costo de una vivienda de interés social, como pretende el Plan Nacional, sea todo un reto a vencer si quiere cumplirse con la meta de edificar 17 mil viviendas de interés social.

Un ejemplo: Si el gobierno se viera obligado por las circunstancias a comprar predios al precio de 2 mil 500 pesos el metro cuadrado de tierra, siendo 17 mil las viviendas a construir, el costo total de estos terrenos ascendería a 85 mil millones de pesos.

El profesor Víctor Castro Cosío advirtió que “se ha hecho un llamado a los ejidos para tener su disposición porque no queremos entrar en temas de expropiaciones, aunque es algo que debe estar en pie porque la prioridad es poder ubicar a la gente”.

Tiene razón y la advertencia hecha a los ejidatarios se justifica.

La sociedad cabeña está ante un problema social de grandes dimensiones porque la posibilidad de que se suspenda la edificación de 17 mil viviendas, debido al altísimo costo de la tierra, es un ejemplo que muestra las dificultades de gobiernos de la Cuarta Transformación para rectificar y dejar atrás un modelo de “crecimiento” que a cambio de crear empleos, ha protegido impunemente los derechos de los inversionistas por encima de los derechos humanos y sociales de la comunidad, provocando injusticia y desigualdad social.

Se trata de un modelo económico y político que a lo largo de los años ha convertido todo lo que toca en mercancía, incluida nuestra madre tierra, un bien público básico.

Estamos ante un caso gravísimo de gentrificación, fenómeno de reciente aparición en algunas ciudades del planeta que consiste en la compra indiscriminada de solares y construcciones por parte de agentes inmobiliarios, que acaparan los mejores predios y solares urbanos, los de mayor plusvalía, expulsando poco a poco a las familias y pobladores originales, obligados a marcharse hacia la periferia, asentarse en zonas alejadas de la ciudad, sin servicios públicos, distantes de los centros de trabajo.

Lo que ninguna autoridad ha hecho o querido hacer en cuatro décadas ahora tendrá que resolverse de inmediato, ya sea a través de la negociación o bien de la expropiación, si en verdad quiere resolverse el problema de la escasez de vivienda en esta parte del sur de la entidad.

¿Cuál será la respuesta de los ejidatarios a la petición del ejecutivo estatal? ¿reducirán el precio de sus propiedades? ¿accederán a deshacerse de estas? ¿cómo querrán pasar a la historia? ¿ser recordados como benefactores de la comunidad o ser señalados siempre como vulgares comerciantes, a los que no se pudo convencer y tuvo que expropiar?

La moneda está en el aire.