JUECES VAN TRAS GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA SUR

Por Carlos González Muñoz.

Víctor Castro Cosío, el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, está en la mira de los jueces. Junto con él también lo están Petra Juárez, segunda regidora del cabildo de Los Cabos, y Sergio Leggs Huerta, legislador local por Morena.

Jueces del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Distrito en Baja California Sur, decidieron fallar a favor del grupo inmobiliario Vidanta y concederle un amparo que obliga a la autoridad gubernamental a suspender toda acción orientada a recuperar para la comunidad el camino costero conocido como Cabo del Este.

Al gobernador de BCS, en lo particular, este grupo empresarial le acusa de invadir propiedad privada y de encabezar, el pasado 9 de abril, una acción cuyo objetivo fue liberar accesos a los caminos costeros en San José del Cabo que la empresa Vidanta, entre otras, insiste en cerrar e impedir el libre acceso porque reclama estos caminos como propios.

El consorcio inmobiliario justifica ser la propietaria bajo el argumento de que el camino costero fue declarado en desuso por la Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur, desde hace una década.

Vidanta asegura que el ejecutivo estatal «irrumpió sin mandamiento escrito, fundado y motivado, emitido por la autoridad correspondiente, en la propiedad privada para abrir mediante maquinaria pesada un acceso a la playa argumentando la existencia de un camino costero que no existe». El desarrollador, se lee en el diario El independiente, «habría manifestado a los juzgadores su molestia ante la ilegal postura del gobernador».

Vidanta convenció fácilmente a los jueces de que la apertura del camino costero que hizo el profesor Víctor Castro carece de sustento legal porque, asegura la empresa, » se presentó en el lugar sin los permisos correspondientes y con sólo la orden verbal de declarar camino costero a un paso de terracería abierto ilegalmente».

Los jueces o juezas que decidieron proteger los intereses corporativos de un desarrollador inmobiliario, sin importarles dejar en el desamparo jurídico a la comunidad cabeña, no debe de sorprender porque este tipo de decisiones son la regla en un sistema judicial secuestrado por las oligarquía, jueces que acaban interpretando la ley siempre a favor del poderoso don dinero. Ahora le tocó ser víctima de este sistema judicial al propio gobernador del estado porque el amparo otorgado a Vidanta le ata las manos momentáneamente a la autoridad gubernamental para recobrar un bien público de particular importancia y belleza por su ubicación.

Al tratarse de una suspensión provisional, el gobernador manifestó que se mantiene firme en su propósito de reabrir definitivamente el camino costero, y dijo estar dispuesto a negociar este tema no sólo con Vidanta, sino también con el alcalde de Los Cabos, quien comparte junto con el desarrollador turístico el interés por mantener cerrado al público el camino costero en disputa.

El presidente municipal de Los Cabos, quien seguramente aplaudió a rabiar el amparo otorgado a Vidanta, en su momento manifestó públicamente su rechazo a esta acción encabezada por el gobernador, sin importarle que se trataba de una petición que la propia Residenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo al profesor Victor Castro, un hecho que ignoró por completo este joven político proveniente del PT, porque según él, rescatar los espacios públicos de los que se han adueñado particulares tanto nacionales como extranjeros, dijo, «espanta a los inversionistas».

Vidanta y el presidente municipal de Los Cabos seguramente están festejando este golpe a la justicia, felices de que existan jueces dispuestos a atender de inmediato las molestias que irritan y enojan a los señores del dinero.

En cambio de este lado de la trinchera, a muchos entusiasma tener funcionarios públicos a quienes un puñado de jueces, empresas y políticos coludidos, acosa por estar cumpliendo con su deber.