San José del Cabo (California) — En un giro legal, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Baja California Sur otorgó una medida cautelar a favor de Grupo Vidanta para suspender la apertura de un camino costero impulsada por el gobierno estatal, acción que se califica como un «ejercicio abusivo de poder» por parte de autoridades locales.

El conflicto en breve:

• Qué pasó: El 9 de abril, autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Víctor Castro Cosío, ingresaron sin orden judicial a terrenos privados de Grupo Vidanta en San José del Cabo para «liberar» un acceso costero, derribando cercos y afectando vegetación endémica.
• La reacción legal: La empresa Turismo Itze (filial de Vidanta) promovió un amparo (n° 605/2025) contra los actos, pero el Juzgado Tercero Mixto denegó inicialmente la suspensión. Tras un recurso de queja, el Tribunal Colegiado revirtió la decisión el 22 de mayo, paralizando la acción gubernamental.
• Los señalados: Además del gobernador, se apunta a Martín Inzunza (titular de FONMAR) y Omar Castro Cota (secretario privado) como instigadores del operativo.

Abuso de autoridad y daño ambiental:
Grupo Vidanta denunció que las autoridades actuaron sin sustento legal, violando protocolos jurídicos. Durante la intervención, se destruyó un bosque de torote y ejemplares de palo de arco, especies clave en el ecosistema local. «Fue un acto de barbarie y ecocidio», subrayó la empresa en documentos judiciales.

¿Por qué importa la suspensión?
La medida cautelar garantiza que el camino no se abrirá al público hasta que se resuelva el fondo del juicio, evitando —según el Tribunal— un «daño irreparable» a los derechos de Vidanta. Este fallo judicial desautoriza temporalmente al gobierno estatal, que defendió su acción como un «beneficio social».

Lo que sigue:
Mientras se espera la resolución definitiva del amparo, el caso pone en debate los límites del poder estatal frente a la propiedad privada. Expertos legales recalcan que, aunque exista presión social por accesos costeros, toda acción debe sustentarse en procesos jurídicos.

Contexto adicional:
El incidente ocurre en un escenario de tensiones recurrentes entre desarrollos turísticos y demandas de acceso público a playas en BCS. Grupo Vidanta, uno de los consorcios más importantes del sector en México, mantiene múltiples litigios por el uso de terrenos costeros en la región.

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