• Familiares de jóvenes sudcalifornianos detenidos en EE.UU. piden la intervención del gobernador y apoyo de la presidenta Sheinbaum

La Paz (California) — Con evidente angustia, familiares y amigos de Julio César Zúñiga Luna e Iván Rodríguez Leyva, dos jóvenes originarios de Baja California Sur detenidos en California, acudieron este lunes al despacho exterior del Gobierno estatal para solicitar el respaldo urgente del Ejecutivo local ante la gravedad del caso. Su petición principal: que el gobernador actúe como puente con la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizarles una defensa legal adecuada en territorio estadounidense.

Ambos fueron arrestados el pasado 5 de mayo en Torrey Pines State Beach, al norte de San Diego, luego del naufragio de una embarcación tipo panga que transportaba a 15 migrantes. En el lugar se reportó la muerte de al menos tres personas, incluidos un menor de edad de la India y dos ciudadanos mexicanos, además de una niña desaparecida y varios heridos. El hecho ha sido calificado por las autoridades de EE.UU. como parte de una red transnacional de tráfico humano.

Los jóvenes sudcalifornianos enfrentan cargos federales por contrabando de personas con resultado de muerte y con fines de lucro, delitos que podrían conllevar penas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, además de multas millonarias.

Durante la mañana, los familiares fueron recibidos por el secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez; la subsecretaria Claudia Elena Meza de la Toba; y José Miramontes, representante de Gobernación, quienes ofrecieron acompañamiento institucional y orientación legal.

En entrevista, Claudia Urzúa, familiar de uno de los detenidos, pidió que se respeten los derechos humanos y el debido proceso:

“No pedimos que los liberen, pedimos un juicio justo. Queremos ser escuchados por el gobernador y la presidenta. Ellos son mexicanos y tienen derecho a ser defendidos”, expresó con firmeza.

El caso ha encendido alarmas por el contexto internacional en el que se desarrolla y por las consecuencias legales que podrían enfrentar los acusados. Mientras tanto, las familias claman por justicia y apoyo, confiando en que la intervención del Estado mexicano no se haga esperar.