¡Salvan en sesión secreta a diputada ALONDRA TORRES!


La Paz (California) — En una decisión polémica, el Congreso de Baja California Sur rechazó este jueves la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para retirar la inmunidad (desafuero) a la diputada Alondra Torres García y al titular de Enlace Legislativo y Municipal, Ariel Castro, investigados por su presunta participación en un desfalco de 14 millones de pesos al Ayuntamiento de Los Cabos.

En una sesión privada y mediante votación secreta, 9 de 17 legisladores presentes votaron en contra del dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, que proponía revisar el caso.

Solo 7 respaldaron la iniciativa y hubo una abstención. La mayoría argumentó que “no había elementos suficientes” para avanzar con el proceso, pese a que la Fiscalía vinculó a ambos funcionarios con el delito de abuso de autoridad por simulación, relacionado con el presunto desvío de recursos públicos.

Arlene Moreno Maciel (PT), presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, defendió la legalidad del procedimiento: “La sesión se realizó bajo el marco de la Ley Orgánica vigente, en tiempo y forma”, afirmó en un comunicado. Sin embargo, la resolución generó críticas por opacidad, al realizarse sin debate público.

Contexto explosivo
El caso se remonta a una investigación por el desfalco millonario durante la pasada administración de Los Cabos, donde ya fueron vinculados a proceso el exalcalde Óscar “N” y el extesorero José Martín “N”. La Fiscalía señaló que Torres García y Castro habrían facilitado actos irregulares, pero el Legislativo consideró insuficientes las pruebas presentadas.

¿Qué sigue?
Mientras la Fiscalía evalúa apelar la decisión, los funcionarios mantienen sus cargos y fuero. El caso reaviva el debate sobre la transparencia en el manejo de procesos anticorrupción y los límites de la inmunidad legislativa.

EnDatos

  • Monto del presunto desfalco: 14 millones de pesos.
  • Votación: 9 en contra, 7 a favor, 1 abstención.
  • Implicados previos: Exalcalde y extesorero de Los Cabos, ya judicializados.

¿Giro político o falta de pruebas? La sociedad sudcaliforniana exige respuestas claras. La sombra de la corrupción sigue vigente.

Con información oficial del Congreso del Estado y la Fiscalía Anticorrupción de BCS.

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