La Paz (California).- El diputado Omar Torres Orozco, representante del Congreso de Baja California Sur, alzó la voz este jueves para deslindarse de la polémica sesión privada en la que se discutió el retiro de fuero a dos servidores públicos: un subsecretario estatal y una legisladora local de nombre Alondra Torres.

En un comunicado dirigido «al pueblo de BCS», Torres Orozco criticó la falta de transparencia del proceso y desmintió categóricamente su participación en la votación.

Ausencia por principios
Omar Torres explicó que se negó a asistir a la sesión extraordinaria del 10 de abril por considerar que las reuniones a puerta cerrada y las votaciones secretas violan el derecho ciudadano a la información. «No permitiré que se use mi nombre para justificar decisiones que no respaldo», afirmó, tras señalar que algunos medios atribuyeron erróneamente un voto a su favor.

Contra el fuero como «escudo de impunidad»
El legislador enfatizó su rechazo al uso del fuero para evadir la justicia: «Los cargos públicos no son refugios. Si hay acusaciones, debe responderse ante la ley sin privilegios ni excepciones». Calificó como un retroceso el aval al dictamen de desafuero mediante un proceso opaco, subrayando que «cerrar la puerta a la transparencia es traicionar al pueblo».

Principios irrenunciables
En tono firme, el legislador izquierdista reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas: «Soy y seguiré siendo defensor de la justicia sin atajos. Lo ocurrido en esa sesión no representa mis valores ni los de quienes confiaron en mí». Criticó la legitimidad de un poder que «esconde la verdad» y recordó que «el servicio público es responsabilidad, no impunidad».

Repercusiones
El posicionamiento del diputado reactivó el debate sobre la ética en las instituciones. Mientras la Fiscalía Anticorrupción busca procesar a los funcionarios señalados, organizaciones civiles exigen que el Congreso publique los detalles de la votación. Torres concluyó con un mensaje contundente: «Nadie está por encima de la ley. Sin excepciones».

Con información oficial
¿Qué sigue? El caso pone bajo escrutinio los mecanismos de transparencia legislativa en BCS, en un contexto nacional donde el uso del fuero sigue siendo tema de controversia.