Un grupo de 33 exfuncionarios del pasado Gobierno municipal de Loreto, identificados con el Partido Acción Nacional (PAN), interpusieron una denuncia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur contra el actual Ayuntamiento, encabezado por Paz del Alma Ochoa Amador, la primera presidenta municipal de MORENA en la región.

Los demandantes, que ocuparon cargos de confianza en la administración anterior, exigen indemnizaciones millonarias por despido injustificado, basándose en la Ley Burocrática.

Entre los demandantes se encuentran exfuncionarios de alto nivel, como el Secretario de Desarrollo, la Secretaria Particular, la secretaria personal de Presidencia municipal, el Director del Deporte y el Oficial Mayor. Estas 33 nuevas demandas se suman a laudos ya en proceso, como el pago de 3.8 millones de pesos a Edgar Cota Davis y más de 4 millones a Carlos Amador, quien, a pesar de haber demandado al Ayuntamiento en 2017, fue recontratado por la administración pasada.

La situación financiera del Ayuntamiento de Loreto, conocido como la capital histórica de las Californias, se ve seriamente comprometida. Con recursos limitados, el gobierno municipal enfrenta el desafío de pagar más de 8 millones de pesos en laudos de inmediato, dinero que no está disponible en las arcas municipales.

La alcaldesa Ochoa Amador ha señalado que el 95% de los laudos perdidos históricamente por el Ayuntamiento provienen de exfuncionarios vinculados al PAN, y ha criticado que estos exfuncionarios «vienen a exigir lo que no se merecen».

Ante la falta de presupuesto para cubrir estas demandas, no se descarta la intervención de las cajas recaudadoras del municipio. Este escenario pone al Ayuntamiento de Loreto al borde de la quiebra, amenazando su capacidad para seguir operando y brindando servicios a la comunidad. La alcaldesa ha reiterado su compromiso de defender los intereses del municipio, pero la situación sigue siendo crítica.

La tensión política y financiera en Loreto continúa en aumento, mientras se espera la resolución de las demandas y se buscan soluciones para evitar el colapso económico del gobierno municipal.