La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur enfrenta serias acusaciones de ineficiencia, abuso de poder y obstrucción a la justicia, particularmente en casos de tortura. Una audiencia de control judicial programada para el 20 de noviembre del 2024 en La Paz, arrojará luz sobre estas graves denuncias.

Uno de los casos más alarmantes es la privación ilegal de la libertad y tortura de 11 agentes de seguridad pública municipal de Comondú en marzo de 2019. La investigación de este caso, a cargo de la Unidad Especializada en el Delito de Privación de la Libertad Personal y Secuestro, ha sido entorpecida por la propia Procuraduría.

La falta de una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura es una de las principales problemáticas. Actualmente solo existe una Unidad Especializada, la cual carece de independencia real ya que su titular puede ser removida a discreción del Procurador General de Justicia.

Esta falta de autonomía ha permitido que la Unidad Especializada se niegue a investigar la tortura de los 11 agentes municipales, delegando la investigación a otra unidad, incumpliendo así su función constitucional. Además, la inexistencia de una Fiscalía especializada impide el acceso a la plataforma nacional de registro de víctimas de tortura (Renadet), lo que dificulta el acceso a la justicia para las víctimas.

El Subprocurador de Delitos de Alto Impacto también ha sido señalado por utilizar su posición para obstaculizar la investigación, dada la posible participación de agentes estatales adscritos a su subprocuraduría en los hechos de tortura.

El Congreso del Estado de Baja California Sur también ha fallado en su responsabilidad de crear una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, como lo ordena la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura.

La situación se agrava con la inacción del sistema estatal de derechos humanos, el cual, tras «perder» el expediente de queja, ha dejado a las víctimas sin otra opción que la Procuraduría para buscar justicia. Esta falta de rendición de cuentas perpetúa la impunidad y fomenta la repetición de estos actos atroces.

La impunidad en casos de tortura en Baja California Sur es una realidad innegable que vulnera la dignidad humana de sus ciudadanos. La audiencia del 20 de noviembre representa una oportunidad crucial para exponer las fallas del sistema y exigir justicia para las víctimas. La sociedad exige un cambio radical en la Procuraduría para garantizar que la justicia prevalezca y que la tortura no quede impune.