Entre la Gobernabilidad y la Sombra de López Obrador, son los matices que analiza Raymundo Riva Palacio en su columna de este lunes publicada en el periódico EL FINANCIERO.

A poco más de un mes de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum se enfrenta a una prueba decisiva que definirá el rumbo de su gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone a votar sobre la constitucionalidad de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador, una decisión con potencial para desencadenar una crisis institucional sin precedentes.

El dilema que enfrenta Sheinbaum es complejo:
Por un lado, se encuentra la presión del ala radical del obradorismo, que exige la aprobación total de la reforma. Esta postura, liderada por figuras como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, busca concentrar el poder en el gobierno y el partido en el poder, lo que, según críticos como Raymundo Riva Palacio, pondría en riesgo la democracia en México.

Por otro lado, la SCJN, a través del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, ofrece una salida negociada a la crisis. Esta propuesta busca apaciguar al régimen entregándole control sobre los ministros de la SCJN, pero manteniendo la elección popular de magistrados electorales. Sin embargo, aceptar esta solución podría significar para Sheinbaum un enfrentamiento directo con la facción radical de su partido, sobre la cual, según Riva Palacio, no tiene control.

La reforma judicial en sí misma es un punto de controversia. Riva Palacio la califica como un «esperpento judicial» que no representa la voluntad popular, argumentando que la mayoría calificada en el Senado se obtuvo mediante coerciones. Además, la posterior introducción de la reforma de «supremacía constitucional», que busca blindar la reforma judicial e impedir su impugnación, ha generado aún más preocupación sobre las intenciones del gobierno de controlar el poder judicial.

La votación de la SCJN, programada para el martes, marcará un punto de inflexión.

Si la Corte declara la inconstitucionalidad de la reforma, el escenario se vuelve impredecible.

Morena, envalentonado por su control del Congreso y algunos Congresos estatales, podría optar por ignorar la sentencia, desencadenando una crisis constitucional sin precedentes.

Si la Corte aprueba la reforma, se consolidaría un sistema judicial controlado por el gobierno, lo que socavaría la independencia de poderes y sentaría un peligroso precedente para el futuro de la democracia en México.

Sheinbaum, en este contexto, se encuentra en una encrucijada.

Si se inclina por la gobernabilidad y respalda el proyecto del ministro González Alcántara, se arriesga a un enfrentamiento con el ala radical del obradorismo. Esto la pondría en una posición vulnerable y podría debilitar su liderazgo dentro del partido.

Si, por el contrario, cede a las presiones del obradorismo y respalda la reforma judicial en su totalidad, se convertiría en una figura subordinada a López Obrador, a pesar de ocupar la presidencia.

La decisión que tome Sheinbaum tendrá consecuencias trascendentales, no solo para su gobierno, sino para el futuro de México. El martes, la atención estará puesta en la SCJN y en la respuesta de la presidenta, quien deberá elegir entre la gobernabilidad y la lealtad a un movimiento que, en su afán por concentrar el poder, amenaza con socavar las bases mismas de la democracia mexicana.