JUECES EN CONTRA DEL LIBRE ACCESO A PLAYAS

Por Carlos González Muñoz

Clausurado el acceso del público a la playa de Puerto Mejía por orden judicial.

Un juez del que se desconoce su nombre, tras varios meses de disputa legal, resolvió proteger a los propietarios de un predio particular al otorgarles un amparo que impedirá al gobierno municipal de La Paz, retirar un portón que impide el acceso público a la playa.

Aunque el Ayuntamiento paceño había ganado un amparo previo, los propietarios presentaron una revisión ante un tribunal colegiado el cual finalmente falló a su favor. Debido a este resolutivo el Ayuntamiento de La Paz queda desprotegido legalmente para retirar el portón que impide el libre acceso a playa Puerto Mejía.

Ante este abuso ¿a qué autoridad judicial estatal o federal podrá recurrir el ayuntamiento paceño en busca de justicia? ¿a la Judicatura Federal, en manos de Norma Piña? ¿acaso ella corregirá el daño provocado por este juez a las y los paceños?

No creo.

El Poder Judicial en todo el país, incluido Baja California Sur, salvo honrosas excepciones, está en manos de ministros, jueces y magistrados identificados estrechamente con el poder económico, abogados cuya formación académica y experiencia profesional está orientada a promover y proteger los intereses de una clase social, de aquellos que detentan el poder económico. Puerto Mejía es una muestra más de su traición al pueblo, de su desapego a la gente de a pie.

Con la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, la democratización de esta institución apenas arranca y el camino por recorrer es largo, sinuoso y movedizo.

Por lo pronto en Baja California Sur volvió a ganar la propiedad privada en detrimento de lo público.