Por: Armando León Lezama

El 7 de marzo de 2024, Andrés Manuel López Obrador, representante del poder ejecutivo federal mexicano, en el Estado de Tamaulipas, hizo público el anuncio de la extensión del decreto que permite sea hasta el último día de su gobierno, la vigencia de regular vehículos de procedencia extranjera, tanto de número como de letra, anteriores y apartir al año de 2017, que ya se encuentren en en país.

En éste entendido, José Cruz Sánchez, defensor del patrimonio familiar en varios Estados de la república mexicana, estima «es un acierto del presidente Andrés Manuel Lopez obrador, ampliar el decreto».

Precisó, Es un programa presidencial que pasó al hecho y que deberá heredar quien asuma el cargo de octubre de 2024 a octubre de 2030.

«Sea quien sea que asuma la titularidad del poder ejecutivo federal, porque es una necesidad imperiosa para miles de propietarios que faltan de mexicanizar sus vehículos extranjeros con todas las de la ley».

Recordó Cruz Sánchez que el séptimo decreto de ampliación concluía el último día del mes de marzo de 2024.

Ponderando se de un octavo decreto que de posibilidad a continuar por parte de propietarios en permanente crisis económica, ir juntándo el dinero requerido para regularizar sus vehículos y seguir demostrándo al gobierno federal y de los Estados beneficiados, que hay total voluntad para ajustarse a la legalidad.

Indicó que el gobierno entrante tras la elección ciudadana del 2 de junio del presente año 2024, no solamente deberá heredar continuar con el decreto de permitir regularizar y legalizar vehículos; sino mejorarlo».

Se espera sean incluidos todos los modelos más recientes y no solamente de 2017 hacia atrás.

Además de que puedan desde su entrada al país mexicano ser nacionalizados y depositada la parte económica que le corresponda al Estado o municipio que sea inherente el propietario y la unidad de motor.

Actualmente el decreto está vigente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Cohauila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Durante la entrevista el presidente de ANAPAFFA, reconoce en el ejecutivo federal de Los Estados Unidos Mexicanos, haya hecho caso a una demanda ciudadana de décadas de lucha y persistencia por ser atendidos.

Dijo, «Las y Los propietarios de los vehículos mexicanizados y los que faltan por regularizar y legalizar por ser unidades extranjeras, buscan certidumbre para desterrar que sean delincuentes; por el contrario, son ciudadanía trabajadora que impulsa el progreso y desarrollo del país mexicano, pero que se ve en la necesidad de adquirir ese patrimonio familiar al alcance de la economía de sus bolsillos».