El 10 de mayo del 2023, Charlene Ramos Hernández tomó protesta como presidenta de la comisión estatal de los derechos humanos en Baja California Sur, nombrada por la mayoría morenista que integra el Congreso del Estado de Baja California Sur, se elegia el perfil de quien relevaría en el cargo a Elías Manuel Camargo Cárdenas, quien fue destituido en medio de acusaciones de abuso sexual, en una gestión marcada por el abandono a las víctimas para plegarse a los designios dictados desde el poder político.

Recién instalada en la silla del Ombudsperson, Charlene Ramos Hernández declaró encontrarse con una institución obscura, instruyendo se realizara una auditoría a la gestión de su antecesor, pues públicamente se habían documentado los excesos de Elías Manuel Camargo Cárdenas; quien recién llegado al cargo se autoasignó un salario de más de cien mil pesos mensuales, además de que destruyó un total de 323 expedientes, pues hay evidencia suficiente que demuestra que envió a la trituradora las denuncias por tortura, desaparición forzada y abuso de autoridad que se encontraban dirigidas hacia los integrantes de las instituciones de seguridad pública en territorio Sudcaliforniano. Se debe decir que, a la obscuridad encontrada, la nueva funcionaria le sumó el silencio cómplice al interior de ese organismo autónomo.

Quienes siguen de cerca los pasos de la maestra Charlene, confirman que se trata de una persona improvisada, sin experiencia en el servicio público, también la definen con una personalidad altanera y prepotente que carece de las capacidades técnicas para encabezar una institución de esa envergadura y que resulta clave en los contrapesos del poder público, esas afirmaciones encuentran asidero en un conflicto que detonó la huelga de sus trabajadores en las propias instalaciones de la comisión estatal de los derechos humanos, en medio de acusaciones de abuso de poder, se dio continuidad a la línea heredada por su antecesor, consistente en humillar y maltratar a los propios integrantes de ese órgano autónomo.

Después de 7 meses al mando del organismo constitucional, Charlene Ramos ha sido incapaz de enderezar el barco, siendo notorio que llegó a esa posición para recoger los restos de una institución hecha pedazos, renunciando de mutuo propio a cualquier liderazgo que signifique defender con arrojo los derechos de todos, los que, por lo visto hasta ahora, peligran de manera constante y permanente en la sede destinada a protegerlos. No hay pues autoridad moral para tomar las riendas de una organización que debería estar ocupada en combatir las violaciones de derechos humanos enderezadas por corrientes autoritarias que soplan en nuestro Estado.

Los ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos no ignoramos la magnitud de la crisis del sistema institucional de protección a los derechos humanos, muchos hemos sido testigos de la forma ruin y cobarde que han elegido para colocarse a un costado de la perversidad del poder público, en claro menosprecio de las instituciones y los derechos de las víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos, al ser público y notorio que, de facto, se asumen como los defensores de oficio del régimen, siempre con el ánimo de lavarle la cara a las fuerzas armadas ante la distorsión que implica asumir funciones de seguridad pública para la que evidentemente no se encuentran preparados.

Desde el mes de julio del 2023, el poder judicial de la Federación le ha ordenado al ministerio público para que investigue los hechos delictivos de tortura, en donde integrantes de la marina armada de México actuando en coordinación con autoridades estatales y municipales, cometieron actos en contra de la integridad física y moral de 11 personas policías de seguridad pública, en un caso paradigmático que hizo añicos la escasa credibilidad ciudadana en un sistema no jurisdiccional que se nota disfuncional, impregnado de corrupción, con arribistas impreparados que se comportan de manera abusiva y prepotente para apropiarse de recursos públicos que de ninguna manera les pertenecen.

No debemos permitir que se impongan los villanos, ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos, los reales defensores de derechos humanos seguiremos combatiendo el fenómeno de la tortura y la prepotencia del poder público, es imperativo que se destruyan los esquemas de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, es necesario arrancar de tajo la complicidad que se encuentra anidada en esa organización destinada a proteger los derechos de los Sudcalifornianos, alcemos la voz para reivindicar los derechos fundamentales de las víctimas y devolver la dignidad a una institución fundamental para concretar el ansiado avance de nuestro sistema democrático.

Le pido con mucho respeto a la maestra Charlene Ramos Hernández, por dignidad, por favor, renuncie.

Juan Manuel Alfaro Castro
Defensor de derechos humanos.