• Poder Judicial alcahuete

Por Carlos González Muñoz

Poco nos duró el gusto a las y los mexicanos la propuesta de AMLO de clasificar la expedición de facturas falsas como un delito grave, una decisión que frenó en seco a los delincuentes, porque en Baja California Sur esta actividad criminal altamente lucrativa de nuevo se expande sin freno y así lo demuestran notas periodísticas locales recientes. ¿A qué se debe?

Tan sólo en el mes de agosto han trascendido dos casos en que la Unidad Administrativa de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Servicio de Administración Tributaria, SAT, obtuvo sentencias condenatorias en contra de dos personas por expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, la primera por 2 millones 933 mil pesos y la segunda por la cantidad de 36 millones de pesos. Extraña que en ambos casos el juez respectivo les impuso la misma pena a los infractores, a pesar de la enorme diferencia en el monto defraudado: sólo 3 meses, once días de prisión. ¡Toda una invitación al delito!

¡Anímese! En este país cometer fraudes al fisco es considerado un delito intrascendente que se castiga con una pena mucho menor que robar en alguna tienda departamental un kilo de tortillas o un pantalón para paliar el hambre y el frío. ¿Qué sucede?

Entre las causas que explicarían el porqué la expedición de facturas falsas ha vuelto a practicarse sin restricciones, está la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que preside la ministra Norma Piña Hernández, de excluir del catálogo de delitos graves la expedición de facturas falsas, un retorno al pasado en donde la corrupción y la impunidad vuelven a ser fomentadas y protegidas desde un Poder Judicial alcahuete. Ahí están los resultados.