Juez del Juzgado de Distrito determina multa de 20,700 pesos tras negativa de atención médica a ciudadano amparado

La Paz, California.- Según información obtenida, un juez del Juzgado de Distrito habría resuelto imponer una multa de 200 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 20,700 pesos, a los directivos del Hospital Juan María de Salvatierra en La Paz. Esta decisión se habría tomado en respuesta a presuntos actos de negligencia y discriminación tras negarse a brindar atención a un ciudadano, quien tuvo que recurrir a un amparo para hacer valer sus derechos en esta situación.

La paciente afectada alega haberse presentado ante un médico en el Hospital Juan María de Salvatierra, quien supuestamente se negó a atenderla argumentando que su condición no era lo suficientemente grave como para recibir atención médica inmediata.

Parte del documento judicial establece: «Se concede la suspensión definitiva a la quejosa María […] para que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen las gestiones necesarias para que de inmediato le otorguen el tratamiento médico adecuado a su padecimiento, así como los medicamentos necesarios para garantizar su estado de salud y condición de vida».

Es importante destacar que la autoridad precisa que la atención médica se determinará por parte de los responsables tras una evaluación realizada por un especialista. Esto implica que no necesariamente se debe acceder a la solicitud de la persona afectada, sino que se deben adoptar las medidas que consideren adecuadas para abordar su diagnóstico.

El juez, al dictar la sentencia, establece que la multa se basa en el hecho de que el derecho a la salud tiene una dimensión individual o personal, lo cual implica que todas las personas deben tener acceso a la atención física, mental, emocional y social. Estos servicios deben estar disponibles y accesibles, lo que significa garantizar suficientes servicios y mecanismos para materializar el derecho y contar con los medios necesarios para lograrlo.

Además, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la paciente identificada como María «N», para que las autoridades de salud correspondientes realicen las gestiones necesarias para que reciba de inmediato el tratamiento médico que le fue previamente negado, con el objetivo de garantizar su salud y condición de vida.

Por último, en su denuncia ciudadana, la parte afectada hace un llamado al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, para que proteja la salud de los habitantes del estado. Sin embargo, se ha señalado que el funcionario público podría tener vínculos familiares con alguna de las partes involucradas.