
El DIF y otras entidades colaboran para brindar apoyo y protección a menores y adultos en situación vulnerable
La Paz, California.- En distintos puntos de la ciudad de La Paz, se ha observado la presencia de menores y adultos realizando malabares o pidiendo dinero en los semáforos. Ante esta situación, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de La Paz, Carla Jonguitud Mendarozqueta, ha resaltado que si bien el DIF no tiene la facultad de detener estas actividades, se busca ofrecer alternativas y protección a quienes las realizan.
La directora mencionó que se está trabajando en colaboración con otras autoridades, como el DIF estatal, la Procuraduría y la policía, para abordar esta situación de manera integral. Se establece un diálogo con los involucrados para comprender su situación y brindarles apoyo. El objetivo principal es cuidar los intereses de los menores y evitar que estén expuestos a condiciones adversas.
Jonguitud Mendarozqueta enfatizó que no se puede prohibir ni eliminar a estas personas de la calle, pero se busca asegurarse de que no estén expuestas al sol y que no sean obligadas a trabajar.
«Tenemos una mesa de trabajo con el DIF estatal, la Procuraduría y la policía, siempre evaluando de dónde provienen, por qué están varados aquí. Establecemos convenios con ellos. No podemos prohibir o eliminar su presencia en la calle, pero sí podemos velar por los intereses de los menores. Siempre tratamos de evitar que estén expuestos al sol y que no sean explotados laboralmente. No podemos separarlos de sus madres. Buscamos conocer su origen: ¿Vinieron a trabajar? ¿Quedaron varados en la ciudad? ¿Cómo podemos ayudarlos?» expresó.
En los casos en los que se detecta una vulneración de los derechos de los niños, se presenta una denuncia ante la Coordinación Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF). Esta instancia se encarga de llevar a cabo la investigación correspondiente y determinar si es necesario retirar al menor de su entorno familiar y trasladarlo a la Casa Cuna-Casa Hogar.
La funcionaria subrayó la complejidad de estos casos y la importancia de tratarlos con confidencialidad, ya que la separación de los menores de sus familias puede ocasionarles un sufrimiento adicional. No obstante, se continúa trabajando para encontrar soluciones que protejan los intereses y el bienestar de todos los involucrados.
Por último, se destacó que durante el mes de diciembre se implementó un programa extraordinario para abordar esta situación. Durante dicho periodo, seis personas aceptaron regresar a sus ciudades de origen, brindando una oportunidad para mejorar su situación.
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