Es un verdadero calvario para los trabajadores que tienen sus casos en la Junta Federal de Conciliación en La Paz, debido a que el trato del personal, en su mayoría déspota, los viene afectando en una situación que ha empeorado mucho desde que enero de 2019.

Nadie atiende y cuando lo hacen, ponen mal modo, se pierden los expedientes, se traspapelan documentos y la delegada federal, de nombre Dulce Escobar «N», ha resultado poco eficaz en mejorar los estándares mínimos del servicio público.

La cuarta transformación vino a empeorar, y de hecho, hay queja directa contra el actuario Víctor Araiza, que con un tortuguismo burocrático que no se observaba desde la época de Luis Echeverría Álvarez, hace todo lo posible por no acudir a notificar a las partes en los laudos.

La desconfianza de la gente en sus autoridades, es lo que generan funcionarios del gobierno federal como los que laboran en esta Junta. Urge que alguien ya venga a barrer las escaleras de la corrupción en ese edificio, desde arriba hacia abajo.