El pecado de ser rico

Antonio Ceja

Las mafufadas de la 4t de cambiarle a conveniencia los nombres a las instituciones o crear otras igual de locas como el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, son ejemplos peligrosos de que el gobierno federal está creando entidades que le den la razón a pesar de no tenerla o de que le acomoden las leyes para que el ejecutivo federal haga y deshaga a su pleno placer sin importar las consecuencias de sus actos.

Pero, el nombre, es lo de menos. Las nuevas facultades de las dependencias federales podrían abarcar acciones ajenas al espíritu democrático e institucional para servir a la sociedad y fortalecer la solidez de la república en aras del desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad nacional. Lejos de ello, Morena está dispuesto, como partido, a hacer lo que diga el presidente López Obrador, especialmente en lo que concierne al aspecto económico donde el macuspano es un total ignorante.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, propuso, el pasado fin de semana, que una de las instituciones que más reveses le ha dado al presidente en materia de estadísticas, el INEGI, se convierta en una especie de ente persecutor teniendo la facultad de “medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza” de los mexicanos. En un documento de tres páginas, Ramírez Cuéllar detalla lo que él considera pertinente para que el Estado dote de bienestar a los más pobres de México y se lanza, en uno de sus apartados, a perseguir a las empresas porque considera que “La concentración y la riqueza que tiene las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se han convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana”.

Lo anterior, palabras más palabras menos, no es otra cosa que proceder a exterminar con la libre empresa, los negocios y todo lo que hoy es exitoso, desde el punto de vista de la 4t, por supuesto; basta, por ejemplo, comparar a un humilde vendedor de hot-dogs con una persona que no tiene un negocio propio para ser visto, el primero, como un “concentrador de la riqueza” y, por lo tanto, ser considerado enemigo del bienestar.

Ramírez Cuéllar propone la creación –más burocracia- de una entidad interna que le rinda cuentas al Congreso para “saber si los programas sociales están beneficiando a los sectores más vulnerables” y remata que dicho órgano, deberá “mostrar la sustentabilidad de las finanzas nacionales para garantizar la permanencia y la extensión de los sistemas de protección derivados del mandato constitucional”, es decir, la obligación de la entrega de dinero para programas sociales sin retraso y con puntualidad en base a una investigación fiscal de la riqueza acumulada de las empresas mexicanas –de cualquier tamaño- y extranjeras y, desde luego, de los ciudadanos que a ojo de buen cubero, sean objeto de “acumular riqueza”, deberán ceder para no caer en un affair fiscal que los puede llevar a la cárcel o, en el menor de los casos a ser motivo de una expropiación.

En caso de aprobarse esa propuesta, el Estado mexicano podrá iniciar una persecución contra la propiedad privada, los recursos ganados por utilidad empresarial que no son esenciales para llevar una vida austera y los lujos como lo es tener más de 2 autos automóviles, 2 casas, o más de 2 pares de zapatos, puede ser considerado inapropiado para la 4t y pasar de ser una persona de trabajo a delincuente.