Bonos en abonos

Antonio Ceja

El eterno estira y afloja que la sociedad paceña ve cada dos o tres meses y que desemboca en la suspensión de los servicios básicos que presta el ayuntamiento de La Paz, está llenando de piedras el buche de los ciudadanos; la consideración está dando paso a la molestia y ésta, no tardará en darle la bienvenida al enojo porque en año y medio, los servicios públicos municipales no han mejorado en lo más mínimo tal como se prometió en campaña y los paros se han multiplicado.

La cosa es que, mientras por un lado Mauricio Higuera, líder de la burocracia paceña y el alcalde Rubén Gregorio Muñoz Álvarez se enfrascan en la eterna lucha de defender cada uno la razón que, según ellos, les asiste, la sociedad paceña superior a los 3600 empleados de la planta labora del ayuntamiento, ve con decepción el deterioro de la ciudad capital porque, simplemente, los involucrados en el conflicto laboral no miden las consecuencias.

Primero, debo aclarar que, las obligaciones patronales -sueldos, bonos y sobre- prestaciones- contempladas para los empleados municipales, vienen perfectamente etiquetadas en el paquete presupuestal de los ejercicios anuales que son avalados por el Cabildo en pleno cada fin de año y aprobados por el Congreso local y éste 2020 no fue, desde luego, la excepción. El dinero que reclaman los burócratas municipales, uno de ellos el bono del día del niño –absurdo- debió estar contemplado en el presupuesto de éste año. El detalle radica en que éste enésimo paro laboral del ayuntamiento fue motivado por la nula captación de recursos provocado por la pandemia.

Lo anterior, no fue motivo suficiente para la burocracia paceña. De hecho, se informó que la autoridad municipal viene arrastrando adeudos y que el alcalde les ha venido dando largas comprometiendo su palabra y fallando a la hora de responder; la negociación está, hoy, en punto muerto. Por si fuera poco, en la misma asamblea donde se entregó por escrito al representante de la comuna paceña lo que se le adeuda a la burocracia, se dio a conocer la petición de destitución de Nolzuly Almodóvar, jefa de Protección Civil municipal, porque a la mujer se le ocurrió poner a pizcar hortalizas a sus subordinados anteponiendo la fuerza a la razón convirtiendo esa labor en obligatoria en vez de ser voluntaria; de paso, pidieron, también, la destitución del director de servicios públicos Manuel Núñez por déspota y grosero.

A final de cuentas, la ciudad sigue en manos de un gremio burocrático que no tiene llenadera pero que está en su pleno derecho de exigir lo que se acordó en las negociaciones donde la autoridad aceptó cosas absurdas y que, a final de cuentas, y pese a ello no existe ninguna mejoría en los servicios. La conciliación, por otra parte, no es el fuerte del alcalde Rubén Muñoz el cual aplica perfectamente el don del discurso para distraer asuntos que deben de ser negociados con criterio e inteligencia, pero, sobre todo, con tacto, con delicadeza porque la sociedad no espera más que servicios eficientes; eso fue lo que se prometió.

Las cosas no han mejorado en lo más mínimo, pero si han empeorado y vaya que las partes en conflicto tienen un común denominador: les vale madre la sociedad.