Responsabilidad a la deriva

Antonio Ceja

Los muertos de la 4t choyera han impactado, sin duda, en la credibilidad social y han destapado una serie de presuntas irregularidades que ponen en jaque a dos de los gobiernos que han mantenido una serie de mentiras e inacción ante problemas evidentes.

La muerte del joven Javier Trejo, cuyo único pecado fue el de ganarse la vida como chofer de Uber en Los Cabos y el fallecimiento de Ángel Guadalupe Mendoza Avilés debido a un accidente de trabajo mientras realizaba trabajos como empleado del SAPA han descubierto la apatía y desinterés de los alcaldes Armida Castro Guzmán y Rubén Gregorio Muñoz Álvarez por resolver o, mínimo, de atender la situación que hoy ha generado una verdadera crisis de credibilidad para ambas administraciones.

Veamos:
La 4t ha demostrado que es enemiga de la globalización, del dinero y de los avances tecnológicos. El delegado federal Víctor Castro Cosío y sus funcionarios ha sido un férreo opositor a las plataformas digitales como Uber y ha ofendido a los usuarios llamándolos fifís. En ese sentido, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, que no piensa por si sola y solo espera lo que le dictan a nivel central, imita a la perfección las equivocadas políticas de la 4t y la sinaloense se aferra a no intervenir para mediar entre taxistas y ubers ni siquiera con una muerte a cuestas motivada por el conflicto.

Por su parte, el intrincado problema de la muerte del empleado del SAPA tiene dos particularidades: primero, el sindicato de burócratas en voz de Mauricio Higuera ha “destapado” las omisiones del organismo operador en el sentido de que no se les provee, a sus trabajadores, de los insumos necesarios para hacer su trabajo con eficiencia y seguridad. Segundo: de acuerdo a lo anterior, el paro de labores parece ser, y es ahí donde la puerca torció el rabo, a los incumplimientos al contrato colectivo de trabajo y no la muerte misma del trabajador.

Así las cosas, se pueden discernir las causas que han hecho de las administraciones de La Paz y Los Cabos derivando una clara indiferencia para entrarle a resolver los problemas básicos que todo mundo ve, pero la ceguera política hace actuar en el error a quienes tiene la obligación de trabajar y equilibrar las causas y efectos de la vida socio- económica de los municipios.

No es nada sencillo lidiar con sindicatos y grupos como los taxistas pero la ventaja que tienen Armida Castro y Rubén Muñoz, es que ellos son la Ley y que con un poco de sentido común y con las verdaderas ganas de resolver los problemas, llevan mano; caso contrario, se les seguirán cargando más muertos humanos y políticos motivados por la apatía e indiferencia de enfrentar, a cualquier costo, problemas añejos que requieren atención y que hoy se han salido de sus manos sin que se reaccione adecuadamente.