La diputada Eda María Palacios Márquez, presentó un punto de acuerdo que  fue aprobado por mayoría, donde  exhortó  a la cámara de diputados para que reconsidere no reducir el presupuesto para subsidios de agua potable y saneamiento,  destinados al estado Baja California Sur, para el ejercicio fiscal  2017 ya que la federación  lo redujo en un  74 %  menos para el 2017.

Desde tribuna, hizo un llamado a los diputados federales José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la comisión de agua potable y saneamiento; José Antonio Arevalo González presidente de la comisión de recursos hidraulicos; y a los diputados federales por Baja California Sur, Jisela Paes Martínez; Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Herminio Corral Estrada y Esthela de Jesús Ponce Beltrán,  para que fortalezcan los subsidios destinados a su estado, los cuales son indispensables  para garantizar el derecho humano al acceso del agua a los sudcalifornianos y para el impulso del campo.

“De consumarse estos recortes, se tendrá un impacto muy negativo en nuestro estado, debido a que para garantizar el derecho humano al agua es necesario que el gobierno del estado y los ayuntamientos tengan una contraparte presupuestal de la Federación acorde a las necesidades que tenemos”, adujo la legisladora.

Explicó que para el año 2016 se aprobó un presupuesto de 232 millones 961 mil 219 pesos, pero la propuesta para este año, pretende destinar para este mismo rubro, sólo la cantidad de 60 millones 209 mil 802 pesos.

En el caso  de Baja California Sur, con datos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, se indica que la sostenibilidad del agua es un asunto prioritario para la actual administración de gobierno, de ahí la importancia de establecer mecanismos que garanticen el acceso de este recurso a las generaciones presentes y futuras, puesto que es un recurso imprescindible para el ser humano, para el  funcionamiento de los sistemas ambientales y un factor que detona el desarrollo  económico, humano y la calidad de vida.

Agregó que al reducirse los recursos de estos programas para el próximo año 2017, ponen en una situación de crisis al abasto de agua, rubro que está directamente relacionado con la salud, calidad de vida y bienestar de la población sudcaliforniana.

En el caso del sector agrícola, la reducción afecta a los programas concurrentes del estado con la Conagua en los rubros de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos y unidades de riego, así como al convenio de coordinación del consejo de cuencas (COTAS), que tiene como propósito, el de formular programas y acciones a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos del Estado.

En ese sentido,  se pronunció para que los programas de agua potable, así como los hidroagrícolas no se reduzcan, sino que se fortalezcan o en su caso se mantengan como estaban en el presente ejercicio fiscal del 2016 y participaron en tribuna apoyando el punto de acuerdo, los diputadas Diana Victoria Von Borstel Luna y Venustiano Pérez Sánchez.