Por: Armando León Lezama

MINEROS Y CETEMISTAS DICEN: QUE SIGAN ONDEANDO LAS BANDERAS ROJI – NEGRAS EN EL PAÍS MEXICANO

De acuerdo a información que circula por todo el país mexicano, el día 11 de octubre de 2016 en el senado de la República se atenderá el dictamen en materia de justicia laboral referente al artículo 123 de nuestra carta magna que a decir de expertos analistas y de voces partidistas, se afectará el derecho de huelga en el ejercicio de los sindicatos, toda vez que se les exigirá demuestren que efectivamente tienen mayoría de trabajadores a su favor para proceder a su vigencia.

Otro aspecto es hacer a un lado las juntas de conciliación y arbitraje que actualmente son intermediarios entre los trabajadores y la parte patronal, para que sea el poder judicial quien dirima temas laborales.

Ante este eminente debilitamiento de los sindicatos, queda claro que la base trabajadora quedará a merced de los patrones ya que legisladores, dominantemente del PRI y el PAN, y gobierno federal le dieron entrada a la petición de empresarios de ajustar el dictamen a su favor.

En este entendido Demetrio Aguiñiga García; Rubén Horacio Siqueiros Talamantes; Luis Amezcua y Gildardo Higuera, todos ellos miembros del Comité Ejecutivo Local sección 295 del sindicato de trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que laboran en San Juan de La Costa, municipio de La Paz en la extracción de fosforita, se manifiestan en contra de ese dictamen que viene a dar marcha a tras a  conquistas de los trabajadores y a su elemento principal que es el emplazamiento a huelga, sobre todo en incumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Por su parte, Amadeo Murillo Aguilar, secretario general de la confederación de trabajadores de México – CTM – en el Estado de Baja California Sur, fue quien denotó mayor preocupación en dejar en manos del Poder judicial los temas laborales, ya que de acuerdo a la cultura mexicana, habría mayor respaldo para  la parte patronal.

De manera que ambos gremios sindicales expresan que se provocaría un levantamiento nacional de trabajadores que no le conviene al gobierno ni a los empresarios, ya que cuentan los sindicatos en mención con organización nacional que impondría una fuerza colosal  y por lo tanto no debe aprobarse el dictamen relativo al artículo 123 que pretende dejar en la indefensión a millones de trabajadores del país.