La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que este jueves 18 del presente en el Centro de Justicia Penal de San José del Cabo,  se celebró la audiencia de control de detención, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a Unidad de Investigación Especializada  en Homicidio Doloso y su Judicialización, aportó datos de pruebas que permitieron al Juez de Control dictar Auto de Vinculación a Proceso y decretar medida cautelar de prisión preventiva en contra de una persona del sexo masculino, a quien se relacionó como imputado en una carpeta de investigación, por un hecho que la Ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja y otro diverso de robo con violencia en las personas.

El hecho tuvo lugar el 11 de agosto del presente, en el kilómetro 29 más 500 del tramo carretero San José del Cabo-Cabo San Lucas, de la colonia La Joya, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente en la Unidad de Investigación Especializada  en Homicidio Doloso y su Judicialización y al efecto, se obtuvieron datos de prueba que sirvieron para que el agente del Ministerio Público formulara en la continuación de la audiencia Inicial y lograr con ello la Vinculación a Proceso.

En dicha audiencia, el Juez vinculó a proceso al imputado, determinó la medida cautelar de prisión oficiosa, proporcionó 5 meses para la investigación complementaria, y quedó interno en el Centro de Reinserción Social de San José del Cabo.

El caso se desarrolla bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio y por los tipos penales de los delitos, por los que se tramitan, el imputado no tienen derecho a la libertad, por estar contemplados como graves en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado realiza  investigaciones  profesionales, científicas y jurídicas, para atender el mandato de Ley y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.