+ Tensiones por interés extremo de Washington en esta tierra

+ La base naval de la flota estadunidense en Bahía Magdalena

+ Más de medio siglo funcionó su instalación militar en Pichilingue

 

Por Cuauhtémoc Morgan

La importancia geoestratégica que tiene la península de Baja California para el gobierno de los Estados Unidos ha sido motivo de discusiones entre ambas naciones a lo largo de la historia y que ha dado pie a roces diplomáticos algunos de los cuales están documentados.

Todo, por el interés que tiene Washington en esta porción de tierra que se ha acrecentado a partir de la guerra de 1847 donde pretendieron adjudicársela al colocarla como una condición sine qua non en las negociaciones de los tratados de paz.

De hecho, la bandera de las barras y las estrellas ondeó en sede de gobierno de la ciudad de La Paz durante más de un año (de abril de 1847 a septiembre de 1848), cuando se daba por un hecho que la península completa pasaría a formar parte del territorio estadunidense.

Es un tema que no le gusta tratar a muchos autores, pero independientemente de algunas escaramuzas protagonizadas por guerrillas (nunca hubo un ejército en forma) encabezadas por Mauricio Castro, Manuel Pineda y Antonio Mijares, la ocupación norteamericana transcurrió durante ese lapso de tiempo en forma pacífica, dado el colaboracionismo de los residentes de Los Cabos y La Paz que incluso, una vez que se supo que había terminado el conflicto armado entre ambas naciones, hicieron una proclama pública solicitando al gobierno yanqui que permanecieran sus tropas en este territorio que pedían anexar a los Estados Unidos.

Sin embargo no se debe de escatimar nunca el heroismo y arrojo de Mauricio Castro, Manuel Pineda y Antonio Mijares, dado que enfrentaron en condiciones muy desiguales a un ejército organizado y bien apertrechado, sobre todo en el encarnizado combate en San José del Cabo donde pierde la vida Mijares.

Cuando en agosto de 1848 Washington ordenó a sus tropas el retiro de los puertos de Baja California, alrededor de 300 residentes (no hay una cifra exacta pero fueron familias completas) decidieron irse en las naves norteamericanas a los Estados Unidos en un hecho inédito, al temer actos de venganza por su actitud colaborativa con el ejército invasor. Entre ellos el gobernador Francisco Palacios Miranda que, desde la llegada de los extranjeros declaró la neutralidad de la península.

Existe un listado parcial con el nombre de algunos de ellos (de apellidos locales que persisten hasta hoy en día como Talamantes, Cota, Burgoin, Castro, Mendoza, Sosa y Silva, Ruffo, Romero, Araiza, Márquez, etc), debido a la indemnizacion que solicitaron al llegar a San Francisco. Esto fue de gran impacto en esa época, debido al escaso número de residentes.

Para el gobierno mexicano siempre fue un dolor de cabeza el sostenimiento de las instituciones y la soberanía en la península a cuyos habitantes en el año de 1850 de nueva cuenta se les hizo saber que Baja California pertenece a México, cuando se emitió un estatuto orgánico especial en cuyo artículo primero se estableció: «El territorio de la Baja California es parte integrante de la federación mexicana y comprende una extensión de más de 500 leguas, dividido en dos Partidos llamados Norte y Sur».

BASES NORTEAMERICANAS EN LA PENÍNSULA
Hay situaciones muy extrañas para los que no existe una explicación uniforme sobre sucesos que ocurrieron en la península tras la retirada del ejército de los Estados Unidos. Todavía a la fecha, persiste una cláusula secreta en el Tratado Guadalupe Hidalgo que fija los límites entre ambas naciones y que fue ratificado en 1853 donde de nueva cuenta Baja California vuelve a ser tema central de discusiones en el llamado tratado Gasden, que conservó para Washington su derecho de paso libre al Mar de Cortés a través del río Colorado (cuyo cauce esta seco hoy en dia).

Fue en ese año que de nuevo a través de una invasión armada a cargo del aventurero norteamericano William Walker se toma posesión simbólica de La Paz, donde proclama la República de Baja California, situación que no prosperó, pero que si tensó la relación entre ambas naciones.

Menos de 15 años después, el presidente Benito Juárez comienza a hacer concesiones al gobierno de los Estados Unidos para que plantaran sus intereses en la península de Baja California. Primero una conocida como «Concesión Leese» que otorgaba tierras para que las colonizaran y establecieran en ellas «las instituciones que consideraran pertinentes» (su propio gobierno).

En 1868 el gobierno mexicano extendió una concesión temporal a la armada de los Estados Unidos para ocupar Bahía Magdalena como base militar. Aunque esta concesión terminaba en 1907, el gobierno nortemericano continuó usando sus instalaciones hasta el año de 1910. Hay bastantes documentos sobre este hecho poco conocido de nuestra historia e incluso, formaron parte en discusiones en las ya tensas relaciones del gobierno de Porfirio Díaz con Washington.

La base naval estadunidense incluyó una estación carbonífera de abasto a buques de vapor de guerra norteamericanos. Una vez que se dio por cancelada esta concesión, por enésima ocasión hubo presión en medios estadunidenses que llegaron a la cámara de representantes donde se animaba a Washington para que anexara la península de Baja California a través de una compra.

Pero también Benito Juárez como presidente avaló otra concesión para el establecimiento de otra instalación militar cerca de La Paz, en el puerto de Pichilingue, donde funcionó por más de medio siglo una estación carbonifera de la Armada de los Estados Unidos.

De este hecho el gobierno mexicano nunca estuvo bien enterado hasta el 17 de febrero de 1899, cuando el embajador de los Estados Unidos en México solicitó una ampliación para la concesión de su base naval de Pichilingue en Baja California.

¡Pero qué pasa! ¡Tenía funcionando 32 años una instalación militar de Washigton en territorio nacional y el gobierno ni por enterado! ¡Decenas de buques de guerra ingresaron y salieron!

Esta petición sorprendió al gobierno porfirista que no conocía a fondo del asunto planteado por lo que se decidió investigar sobre los antecedentes de este permiso, lo que pone al desnudo una vez más del nulo interés del gobierno nacional sobre lo que ocurría en esta península.

De acuerdo al historiador Eligio Moisés Coronado «el 3 de diciembre de 1866 el gobernador del territorio de Baja California Antonio Pedrín, concedió permiso escrito al señor Elmer, cónsul de su país en La Paz, para hacer uso de la bahía de Pichilingue como estación carbonífera de depósito y abastecimiento a los buques de la marina norteamericana».

Esta concesión fue confirmada el 27 de diciembre de 1867 por el entonces secretario de relaciones exteriores Sebastián Lerdo de Tejada al encargado de negocios de los Estados Unidos en México. Se puntualizó en este reconocimiento que no solamente los buques norteamericanos podían llegar a Pichilingue, sino a cualquier punto del puerto de La Paz sin pagar ninguna clase de derechos por el carbón de uso de los buques de guerra de la armada de los Estados Unidos.

La solicitud de ampliación de dicha concesión al gobierno porfirista planteada en 1899 incluía la autorización para reedificar sus instalaciones y el muelle ubicado en la isla de San Juan Nepomuceno, donde en la actualidad se encuentran las ruinas de este extraño capítulo de nuestra historia local.

El primer embarque de carbón de piedra, según los documentos disponibles de esa época, llegó a La Paz el 15 de agosto de 1867 en la fragata norteamericana Washington. Todo esto desembocó en una serie de reclamos dado a que los extranjeros se negaban a pagar impuestos municipales por el embarque y desembarque del carbón y uso de puerto.

Además de que ya estaban solicitando también que los buques mercantes (no militares) norteamericanos tuvieran también libre acceso a Pichilingue sin necesidad de pasar por aduana en el puerto de La Paz. (Derecho de uso libre de puerto y tránsito interior).

En 1883 Washington contaba con las estaciones de abastecimiento de carbón para su armada en el Pacífico en las islas Samoa, Hawaii (Honolulu), Bahía Magdalena y Pichilingue.

Agrega Moisés Coronado, que la estación carbonífera funcionó hasta 1925, cuando Plutarco Elías Calles promulgó la ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, donde se establece que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, los extranjeros no podrán adquirir dominio directo de tierras y aguas (hoy a punto de derogarse).

Aunque casi a la par de este suceso, la base naval norteamericana había venido a menos en su utilidad para la armada, debido a que los buques de vapor estaban cayendo en desuso por la utilización de otros combustibles para la navegación.

Pero si es importante lo que subraya el historiador Eligio Moisés Coronado sobre la estación de Pichilingue:

 

Se pudo evitar que el gobierno extranjero adquiriera derechos crecientes sobre la isla de San Juan Nepomuceno y la Bahía de Pichilingue, lo que hubiera causado sin duda conflictos de mayores dimensiones en perjuicio de la soberanía mexicana sobre esta zona y quizá, sobre la península.

 

Bibliografía:
Arqueología Histórica de Baja California Sur de Karina Busto-Ibarra
La Carbonera de Pichilingue, 1901 de Eligio Moisés Coronado
Historia general de Baja California Sur: Los procesos políticos de Dení Trejo Barajas, Edith González Cruz