Por: Armando León Lezama
JUICIO POLÍTICO IMPROCEDENTE
* Funcionarios del XIV Ayuntamiento de la Paz, ya fueron inhabilitados por el juicio popular
Sin ser blancas palomas; lo más que alcanzarán para salir del aprieto legislativo los diputados locales será aplicar la figura de la inhabilitación para ocupar cargos de elección popular; sin embargo el Pueblo Sudcaliforniano ya les hizo desde el 27 de septiembre de 2015, juicio popular que da en efecto su traición al sentir de la opinión pública y la ciencia médica.
En el Estado de Baja California Sur, el juicio político que se demandó por parte del XV Ayuntamiento en contra de sus antecesores resultó improcedente para su ejercicio por ausencia de sustento de la parte acusadora.
La inexistente sesión a la que se refiere la acusación no causó efecto precisamente porque todo quedó en un intento de ejercicio constitucional que fue desvanecido por el impacto negativo que ejercía la expresión ¡no a la minería toxica!
Ni Francisco Monroy Sánchez, presidente saliente del Ayuntamiento paceño, ni el entrante encabezado por Armando Martínez Vega, aceptó incluir el acta de tan despreciada sesión a los archivos de cabildo, por tanto la autoridad federal en materia de amparos negó el efecto de tal figura legal a favor de la empresa – los Cardones – y definió de apócrifa el acta presentada.
Además no causó en los predios donde intenta operar la minera de extracción de oro, hechos desprendidos de la pretendida sesión de cabildo inexistente que se pueda acusar como daños a indemnizar por parte de los presentes en dicha reunión contraria a los intereses de la población: Conservar el agua dulce en condiciones óptimas para el consumo humano, así mismo como el ambiente natural de la flora y fauna, y dar toda la protección de contaminación del agua de mar.
Así mismo, el marco legislativo para el ejercicio del juicio político está “en pañales”, y aún no sabe cómo operar en forma y fondo un asunto en esta materia.
De manera que a pesar de que existe la presunción de culpabilidad de los regidores, síndico y secretario general del XIV Ayuntamiento del municipio de La Paz, predomina también la ausencia contundente de pruebas y como ya se dijo, para propios y extraños, la tan acusada sesión ha sido declarada inexistente.
Por tal razón el juicio político no da lugar en el Congreso del Estado de Baja California Sur; pero quien ya dictaminó lo procedente fue la población del municipio de La Paz, declarando a través de juicio popular la inhabilitación a ocupar cargos de elección constitucional.
Lo hizo conjuntamente con el gobierno entrante, desterrándolos de la sesión solemne de entrega – recepción el día de la toma de protesta del XV Ayuntamiento paceño, exhibiendo públicamente sus rostros y nombres, en una enorme lona elaborada y presentada por estudiantes universitarios y grupos ciudadanos.
Es entonces, que lo más que puede exigir el Poder Legislativo y su comisión instructora, es declarar improcedente la demanda y admitir que se debe potencializar la experiencia para ampliar y perfeccionar la figura de juicio político, así mismo como ilustrar a las instituciones y población en general sobre el dicho certero de que el que acusa pruebe su señalamiento.
Porque hay que aclarar que lo único que sí tiene contemplado el proceso formal de la comisión instructora y del pleno del Poder Legislativo Estatal en el tema de juicio político, es la defensa de los acusados, quienes tienen varios momentos para hacer fehaciente el desvanecimiento de culpabilidad.
Más no os preocupéis. El juicio popular fue demoledor. Nunca más serán candidatos a puestos de elección constitucional quienes agraviaron el sentimiento del pueblo sudcaliforniano. De eso pueden estar seguros.
Descubre más desde Colectivo Pericú
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Colectivo Pericú 
ya dejence de escribir notas que perjudican a personas que no tienen nada que ver en asuntos de politicos corruptos si hay pruevas contundentes porque no las sacan y las presentan para enganar la gente ahora se necesita mas que eso y no hay que descartar que algunos medios reciban algun dinerito por hacer caso a los que pagan con el mismo dinero de las arcas publicas la politica a resultado buen negocio para algunos yo les diria que se pongan a trabajar como prometieron en canpana y que cumplan lo prometido para que al final de la administracion no tengan cola que les pisen.
Nuestro Señor Alcalde Don Rebuznido Martínez Vega y su Cabildo presentaron una demanda de Juicio Político en contra de los Presidentes Municipales Esthela Ponce Beltrán y el Nacho Monroy Sánchez así como en contra de varios de lo Regidores, hombres y mujeres y de algunos funcionarios que trabajaron con ellos, tan mal hecha, pero tan mal hecha que nó la aceptó el Congreso del Estado y la declaró improcedente. O sea que todos los mencionados quedan límpios, sin angustias ni pesares y en libertad de gastar ó invertir todo el dinero que se robaron de las arcas Municipales de Ayuntamiento de La Paz. Hera visto y nó miraba como decimos los Paceños, que el burro de Don Rebuznido y los matachines, hombres y mujeres que tiene como Regidores la regarían en una acusación de ésta naturaleza. Y déjennos decirles que las patas que metieron al elaborar el documento, nó las metieron por corrupción, ni por ordenes del amigo íntimo de Esthela, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, no! las metieron porque son unos redomados tontos y tontas. Que jodidos estamos!
esto es para dar risa ja ja ja paresia que llegaria el huracan liza y limpiaria de lacras politicas pero fue la misma de siempre con esto el gobierno municipal tiene carta abierta para desempeñar las mismas tecnicas viejas de las autoridades municipales y no se diga de las estatales pero bueno asi como midieron el daño causado a todo el estado estos politicos tamvien seria para los indigentes gente sumida en la pobreza que roba alimentos para sus hijos no solo inabilitarlos para robar sino ayudarles a salir adelante encausarlos a recobrar el camino que perdieron por causas de las mismas autoridades municipales estatales y federales