La Diputada Jisela Paes planteó a la Comisión de Justicia, reunida el día de hoy, detener la aprobación de la minuta de reformas al artículo 420 del Código Penal Federal, recibida de la Cámara de Senadores, en la que se propone despenalizar la pesca ilegal del abulón y langosta, al derogar la actual fracción II Bis de dicho artículo, a lo cual accedió dicha Comisión, considerando los argumentos expresados por la legisladora sudcaliforniana.

De acuerdo con el texto vigente de dicha fracción II Bis comete este delito quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso y mediante asociación delictuosa.

Sin embargo, en el dictamen aprobado por el Senado de la República se propone derogar lo anterior, sin tipificar como delito, en la nueva redacción, la captura ilegal de estas especies fuera del periodo de veda, lo cual significa que pescar sin permiso estas especies durante varios meses no será delito, con lo cual se retrocedería en la lucha que el sector pesquero sudcaliforniano realizó para lograr que se penalizara esta pesca ilegal.

Mediante estos argumentos expresados por la Diputada Jisela Paes a los integrantes de dicha Comisión, se tomó el acuerdo de no aprobar la reforma y analizarla con detenimiento mediante una consulta al propio sector pesquero.

Así mismo, la Diputada Jisela Paes expresó la necesidad de revisar la redacción de la nueva propuesta del artículo 420 aprobada por la Cámara de Senadores, que establece como delito que se capture, dañe, prive de la vida, transforme, comercie, acopie, transporte, destruya, realice cualquier actividad con fines de tráfico, posea, recolecte o almacene, algún ejemplar, de manera ilegal, de una especie de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, protegida por lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (las especies de pesca deportiva), en normas oficiales mexicanas; en acuerdos de veda emitidos por la autoridad federal competente, en la zona geográfica y por el tiempo en ellos establecido; considerada endémica; amenazada; en peligro de extinción; sujeta a protección especial; o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Lo anterior, al considerar que los delitos excesivamente generales violan el principio de exacta aplicación de la ley penal, pues no permiten individualizar el delito, lo cual es constitucionalmente incorrecto, y al ser demasiado genéricos podrían vulnerar dicho principio, con lo cual en lugar de enfrentar los delitos ambientales, se generaría un problema de inaplicabilidad de la ley.