Causan mucho daño al erario público estas actitudes

El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del PAN, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal, a fin de imponer sanciones más severas a servidores públicos que contraten “aviadores” y para quienes acepten estos puestos, porque no generan ningún beneficio y sólo representan un costo para el Estado.

El legislador indicó que las fracciones X a XII del  artículo 215 prevén conductas relativas a la contratación de personas que no son aptas para el servicio público o que no realizarán las actividades por las que son contratados y prevé una sanción tanto para el servidor público que los contrate como para la persona que acepte el nombramiento sin que desempeñe el empleo.

Sin embargo, remarcó, “se ha considerado que esta sanción no ha resultado suficiente para disminuir dichas conductas, pues frecuentemente resaltan noticias que denotan la existencia de ‘aviadores’ en distintas instancias federales y locales.

Por ello propuso, al que cometa el delito de abuso de autoridad. elevar la pena para quedar de 1 a 8 años de prisión, de 50 hasta 300 días multa y destitución e inhabilitación de 1 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Además, enfatizó que con esta reforma también se incrementan las sanciones contra quienes reciben sueldo sin trabajar, pues son cómplices de quienes los contratan e igual culpa comparten.

Fernández Sánchez Navarro sostuvo que dichas personas ocupan lugares que podrían ser cubiertos por trabajadores con el perfil requerido o que, de no ser necesarios, podrían ser eliminados como parte de los esquemas de reducción de gasto, destinando dichos recursos a otros rubros que dentro del aparato de gobierno reflejen verdaderos beneficios.

Argumentó que los Estados democráticos se caracterizan por la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a los gobernados, en específico ante el uso de los recursos públicos que implica su buen manejo.

“Esto involucra a todos los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno, quienes tienen la obligación de conducirse en sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”, refirió.

“Sin embargo, existen problemáticas derivadas del ejercicio del servicio público, relacionados con la corrupción, tales como los denominados ‘aviadores’, que generan un gasto excesivo para el presupuesto de la Federación, al encontrarse en las diversas nóminas, cobrando del erario público por puestos fantasmas, y que no retribuyen nada a la sociedad ni al gobierno”, resaltó.

Apuntó que las cifras de corrupción son alarmantes y que el caso de los servidores públicos que cobran sin trabajar no es la excepción, y puso como ejemplo a los maestros “aviadores”, que constituyen cerca de 40 mil plazas y a los que se le pagaron indebidamente 3 mil 600 millones de pesos anuales.

“Por estas razones, es necesario crear un mecanismo eficiente en la lucha del desvío de recursos públicos, es decir, no basta que las reglamentaciones administrativas lo contengan, sino más bien una estricta regulación penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores públicos que abusan de su autoridad para desviar los recursos públicos”, concluyó.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.