Llegó en taxi con otros sujetos y una mujer a cometer robo

La Procuraduría General de Justicia del Estado, informa que el agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, Policía Ministerial y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, aportaron elementos de prueba que permitieron al Juez de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio en esta ciudad,  girar orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino de 23 años, originario de La Paz, por su  relación  en la comisión de hechos que pueden constituir delito de Robo Empleando Violencia Física o Moral, quien quedó interno en el Centro de Reinserción Social, a disposición del juez de la causa.

La madrugada del 08 de Marzo del año vía el Centro de Control, Comando y Cómputo, que en una estación gasolinera ubicada en kilómetro 193.5 del tramo carretero Cabo San Lucas – La Paz, se suscitó un Robo a Negocio Empleando Violencia, por lo que de inmediato elementos adscritos a esta dirección de la Policía Ministerial del Estado, se trasladaron para corroborar lo anterior, testigos afirmaron que llegó un vehículo de la marca Toyota, línea Corolla, tipo sedán, con razón social de un sitio de taxis con dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino a bordo, descendió  el chofer con una arma y exigió  el producto de la venta. Por temor a sufrir  daño a su integridad física, la persona entregó cinco mil pesos 00/100 MN, para posteriormente darse a la fuga con rumbo a la Ciudad de La Paz, por lo que dio  aviso de inmediato a las autoridades.

Derivado de  las investigaciones que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado el sábado 12 de marzo, a las 8:30 horas,  se llevó a cabo la Audiencia Inicial formulándose Imputación; se obtuvo del Juez la Vinculación a Proceso, e impuso la Medida Cautelar de Prisión Preventiva y 3 meses de plazo para el Cierre de la Investigación Complementaria.

La Procuraduría General de Justicia del Estado demuestra, en los hechos,  su compromiso con la sociedad Sudcaliforniana de fortalecer las investigaciones de manera técnica, jurídica y científica para combatir la ilegalidad en todos los ámbitos de su competencia y brindar protección a víctimas y ofendidos, con respeto de los derechos humanos de la persona que se relaciona en el hecho delictivo.