La mañana del lunes 29 de febrero inició la audiencia en la que la Fiscalía del Estado  debatió con la Defensa todas las pruebas que aportó contra un hombre, probablemente responsable del delito de robo de vehículo con violencia.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto del  2015, en la salida sur de Ciudad Constitución, cuando una persona del sexo masculino, amenazó con un arma punzo cortante a un chofer de taxi, y lo obligó a entregar su vehículo de trabajo, para posteriormente darse a la fuga.

Entonces, se implementó operativo especial de seguridad mediante el cual, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Comondú detuvieron en la comunidad de Villa Morelos,  a una persona del sexo masculino de nacionalidad extranjera y  aseguraron el vehículo en mención, motivo por el que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Éste llevó a cabo todas las diligencias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para inicialmente,  integrar la carpeta de investigación y en su momento,  ejercer Acción Penal en contra del hoy sentenciado, lo que se conoce ahora como la judicialización del asunto; posteriormente, dentro del plazo que concedió el juez, realizó la investigación complementaria y formuló la acusación.

Se ofrecieron y se admitieron las pruebas a las partes, y en su oportunidad,  se dictó el auto de apertura a juicio y se admitieron todos los medios probatorios del agente del Ministerio Público, lo que dio paso al juicio que concluyó hoy miércoles con la sentencia condenatoria,  ya que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio opera en Comondú desde 01 de julio del 2015.

Insistimos, la Fiscalía aportó pruebas contundentes que derivaron en el fallo condenatorio por parte del Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado de Baja California Sur, quien consideró  al inculpado responsable, del delito que se le  imputa.

Con la realización del primer juicio oral en la historia de Baja California Sur y la obtención del fallo condenatorio, la Procuraduría General de Justicia del Estado demuestra en los hechos,  el compromiso con la sociedad sudcaliforniana, de realizar investigaciones de manera profesional, técnica, científica y jurídica, para acreditar la responsabilidad de la persona que se relaciona con un hecho delictivo,  para salvaguardar  los derechos de la víctima u ofendido.