Políticos sin escrúpulos lo han «manoseado»

Por Armando León Lezama

El actual gobernador – Carlos Mendoza Davis – del Estado de Baja California Sur, será quien coadyuve en terminar el conflicto entre particulares y los gobiernos municipales del Ayuntamiento Paceño desde Leonel Cota Montaño a Esthela de Jesús Ponce Beltrán en materia de terrenos invadidos, despojando a sus legítimos dueños de más de 3500 hectáreas del predio rústico Las Vinoramas y La Laguna, ubicado en la ciudad de La Paz declara Alfredo Contreras Torales, representante legal con poder general para pleitos a nombre de hasta José de Jesús Chávez Gallegos y Carlos Muller Moreno.

Tras un largo litigio para que la autoridad municipal deje de estar fuera de la ley en torno a la legitima propiedad de 3511 hectáreas y 20 áreas situadas en la ciudad de La Paz, capital del Estado de Baja California Sur, Alfredo Contreras Torales dice, “ya vamos de salida en este conflicto del siglo, donde la autoridad que debe ser garante del respeto de las leyes; las incumple para ejercer con abuso, corrupción y tráfico de influencias desde 1997 al 2015 que está por terminar”.

Puntualiza el representante  legal, “No ha sido fácil; sin embargo de lo más reciente, es que la matriz de SEDATU ya reconoció que no son terrenos nacionales el predio granjas Manuel Márquez de León, polígono 1ocalizado en esta entidad federativa, así mismo el mandatario estatal actual ya reconoció que el predio en conflicto sí es propiedad privada de los señores José de Jesús Chávez Gallegos y Carlos Muller Moreno y en ese entendido estableció comunicación a través de su secretario de finanzas para empezar a aterrizar en convenir regularizar la situación que se encuentra fuera de la ley por parte de quienes se han desempeñado en la presidencia municipal del Ayuntamiento paceño los últimos 19 años.

Recuerda el señor Alfredo Contreras Torales a la opinión pública que desde 1997 en tiempos de Leonel Cota Montaño se inició una venta fraudulenta sin intervención del Cabildo a quienes hoy en día habitan en parte de las más de 3500 hectáreas, situación a la que debe ponerse un alto definitivo y aceptar la legitimidad de la propiedad de los señores José de Jesús Chávez Gallegos y Carlos Muller Moreno.

En este entendido externó el declarante que la autoridad municipal desde 1997 está fuera de la ley en la venta y cobro de dinero a moradores del predio en litigio y por ello es que ponen en alerta una vez más a los vecinos y posibles compradores que no paguen ni un centavo a nadie hasta que se resuelva y concluya la resolución de un juez y el convenio signado entre legítimos propietarios y los gobiernos estatal y del Ayuntamiento del municipio de La Paz.

Asimismo llaman a Armando Martínez Vega, presidente del Ayuntamiento paceño que sea la diferencia de sus antecesores y de certidumbre al patrimonio de las familias asentadas actualmente y en el futuro en el predio en litigio, entrando a la legalidad permitiendo se signe un convenio de regularización de la tierra a partir de aceptar la legitimidad de los propietarios respecto a las más de 3500 hectáreas que se mantienen en calidad de intento de despojo en el que han intervenido tráfico de influencias, documentación fraudulenta, corrupción y abuso de poder por parte de quienes deben defenderla y aplicarla, indicó Contreras Torales.

Añadió que el ejemplo cunde y se han envalentonado varios ciudadanos en calidad de  particularesen propiciar intento de despojo en subdivisiones, mismos que ya han sido denunciados ante el agente del ministerio público común para que sean requeridos por el investigador en turno.

El representante legal mencionó que es bueno que el gobernador y el presidente municipal paceño, quienes han entrado recientemente a ejercer sus cargos terminen de una vez este conflicto que entrará en el año 2016 a su vigésimo año de litigio; pero que creemos estamos a la salida del túnel porque hay elementos, pruebas y testimonios para que se reconozca que José de Jesús Chávez Gallegos y Carlos Muller Moreno son los legítimamente propietarios.

Finalmente dijo el entrevistado, “se trata de que el predio sea de sus dueños y que las familias ya asentadas y las porvenir, tengan auténtica legalidad y certidumbre de su patrimonio, en vez de tener compra  ventas fraudulentas por parte de los gobiernos que deben ser garantes de la vigencia y práctica de la ley”.