Por Raquel ROMO MEDINA

El Congreso del Estado Evita que la Autoridad Municipal de La Paz Cometa Posibles Delitos

El Congreso del Estado quiere evitar conductas  que en lo futuro puedan constituirse en responsabilidad penal o administrativa, por lo tanto ya pidió al ayuntamiento de La Paz, o más bien exigió, que de inmediato suspenda el procedimiento administrativo de la denominada concesión, que más bien es el otorgamiento a particulares, vaya, léase privatizar, el servicio público del alumbrado en el municipio.

De esta forma el Congreso del Estado le hace un favor a la autoridad municipal, ya que de llevarse a cabo esta concesión o privatización del alumbrado público, las actuales autoridades municipales pueden caer en delitos graves.

En los artículos 58 y 59 del Bando de Policía y Buen gobierno de la Paz se establece la prohibición de otorgar concesión a particulares, respecto de los servicio públicos de seguridad y vigilancia pública, alumbrado público y tránsito de vehículos, sin  embargo a pesar de que el Ayuntamiento de La Paz no tiene legalmente las facultades para realizar esta asignación sigue adelante violentando varias normas secundarias y la propia Constitución  en sus ámbitos federal y estatal.

Como ya se conoce, el ayuntamiento paceño entregó la concesión  del alumbrado público a una empresa privada que no se conoce púbicamente de quien es y como está constituida, además desconociéndose si se hizo un licitación como lo marca la Ley, que para empezar por este hecho ya se considera que está, como se citó líneas arriba, violentando las leyes establecidas para ello.

Esto además es muy delicado y puede ir a los tribunales, porque la sociedad local no conoce ni un ápice de cómo es que se realizó ésta “licitación”,  y son precisamente los ciudadanos quienes a través de sus impuestos pagan estos servicios que necesariamente deben cubrir con lo establecido en las diversas instituciones de gobierno que tienen la obligación de cumplir con el otorgamiento de estas  prestaciones.

Se considera que no es honesto que se releguen problemas de este tipo a la nueva administración ni a la sociedad en su conjunto, ya que la privatización de los servicio públicos es una violación a la Ley además de los derechos de las personas y contribuyentes, sobre todo si no se pidió el consentimiento de los mismos ya que los servidores públicos trabajan para ellos, porque  son los que les pagan su salario.

El Congreso del estado, sostuvo que es respetuoso de la autonomía municipal, pero siempre que exista el quebranto a la normas establecidas legalmente, y considerando que no se vale que se realicen transacciones sin que la comunidad se entere, porque van en contra de sus intereses morales y económicos, además de que los tiempos han cambiado y ya no se debe permitir que las acciones de los servidores públicos vaya en contra del bienestar de la gente.