Por Raquel ROMO MEDINA

La cámara de Diputados aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competente en la prevención, detección y sanción de responsabilidades  administrativos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la auditoria superior de la federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción de la del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6º de la Constitución, así como por un representante  del Consejo de la Judicatura Federal y oro del Comité de Participación Ciudadanos, cuyas principales funciones son la fiscalización, la investigación, el control, la vigilancia, la sanción, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Además, el comité Coordinador del Sistema deberá elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Este sistema  representa un parte aguas en el combate a este problema que afecta a todos los mexicanos, toda vez que estudios internacionales ubican a México con las tasas más altas de corrupción y los mayores grados de impunidad ante actos de cohecho. Es inconcebible que en nuestro país la corrupción se desarrolle en la completa impunidad mientras le cuesta a los ciudadanos 1.5 billones de pesos anuales, y golpea a la economía con 9 puntos del Producto Interno Bruto, PIB.