Por Raquel ROMO MEDINA

Una de las virtudes de la democracia es la libertad para manifestar las ideas y los desacuerdos, sin que ello signifique entrar al riesgo del rechazo o la represión de parte de la autoridad o de quien detenta el poder.

En México la libertad de expresión o manifestacíon está garantizada por el Artículo  6º. De la Constitución. Su observancia  y respeto depende de un complejo entramado de intereses de todo tipo. Depende un delicado equilibrio entre manifestación, protesta y tolerancia que cuando se rompe suele desembocar en la violencia y ésta en ocasiones  llega hasta la muerte. En los diversos episodios de nuestra historia tenemos múltiples ejemplos de intolerancia que acabó violentamente con quienes manifestaban sus ideas.

Actualmente el País está atravesando por diversas formas de manifestación y protesta. La más notoria es la que mantiene los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE,  así como la de los padres de los 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural de  Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

Frente a éste hecho que trastorna la vida cotidiana de miles de personas  de diferentes estados de la República Mexicana  que  denota ya enojo en los comerciantes,  automovilistas, transporte público en algunas ciudades y de pasajeros que se trasladan de una zona  a otra.

Ante el rechazo de estos hechos por la mayoría de los mexicanos, la actitud de las autoridades locales y federales  es de tolerancia, justificada en nombre de la democracia por unos y por otros como indiferencia  cómplice que oculta el temor para aplicar la norma, el orden de acuerdo a la Ley.