Jorge Ledesma
El caso Oceanografía solo un ejemplo de lo que acontece en Pemex y el gobierno a partir de la llegada al poder de la pareja Fox-Sahagún. Desinterés oficial en BCS a los acuerdos presidenciales de Peña Nieto. Pesca sin Ley en Bahía Magdalena por la extrema corrupción de Marco Antonio Muratalla y Fernando García.

La información difundida a principios de mes, relativa a la citación de un gran Jurado estadounidense a funcionarios de BANAMEX-USA (propiedad del Citigroup) por la comisión de prácticas ilegales de lavado de dinero, aunada a que este banco arguyó en el inter la disminución de 250 millones de dólares en sus ganancias 2013 derivadas de operaciones con la empresa Oceanografía- la consentida de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón- , provocó la atropellada intervención de las autoridades mexicanas, asegurando la Procuraduría General de la Republica PGR las instalaciones y oficinas de la citada proveedora de PEMEX -pero apenas han emitido orden de arraigo ¡en su casa! a Amado Yáñez él dueño de la empresa- , llegando al grado insólito de pagar actualmente la nómina de los trabajadores de Oceanografía.

 

En un caso que evidencia una participación desmesurada del gobierno federal, a simple vista carente de sustento jurídico o normatividad, que tiene varias aristas interpretativas ; ya que por un lado se entiende va dirigida irregularmente a restituir por parte del gobierno federal los dineros defraudados a BANAMEX-USA por un ente privado, y por otro a proteger en lo posible la desmedida corrupción de los peces gordos que dirigen o dirigieron la paraestatal, quienes avalaron que mediante facturas por cobrar –que dicen ahora apócrifas- a PEMEX de parte de Oceanografía, ésta recibiera un financiamiento del orden de los 450 millones de dólares, los cuales no cubrieron en su totalidad concretándose el presumible fraude bancario.

Asimismo la confusa intromisión de las autoridades mexicanas en el caso mencionado , se estima, fungirá como una cortina de humo a los alcances de la propia investigación que la Reserva Federal FED (Banco central estadounidense ) está realizando versus BANAMEX-USA por lavado de dinero (que dio origen al citado gran Jurado), y una práctica delictiva convertida en autentico patrón por el trust financiero Citigroup, recordándose al respecto información publicada profusamente en medios, tal qué ellos como Citibank, lavaron dinero (de 90 a 100 millones de dólares en 1992-1994) de Raúl Salinas de Gortari, al igual que fueron conducto del financiamiento a la guerrilla antisandinista en Nicaragua y evento conocido en el Senado norteamericano como el Irán-Contras, donde con dinero provenientes de la entonces prohibida venta de armas a ese país, agencias estadounidenses financiaban grupos de milicias que atacaban objetivos gubernamentales del recién iniciado régimen sandinista (1979) y caso, el Irán-Contras, ligado también según analistas, a un supuesto entrenamiento de dichos paramilitares en ranchos de narcotraficantes ubicados en Veracruz, propiedad de Miguel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, quienes le estarían haciendo un favor a la Agencia Central de Inteligencia CIA.

Y actividades extra territoriales de agencias estadounidenses, dicho sea de paso, realizadas en colusión con funcionarios mexicanos, que según aseveraciones recientes del ex oficial de la DEA, Héctor Berrelleza, tuvo que ver finalmente con el asesinato de Enrique Camarena (febrero de 1985 cuando fue inicialmente “levantado” por agentes de la Dirección Federal de Seguridad DFS) en Jalisco, acallando así a un miembro encubierto de la DEA que estaría informando además de lo relacionado con el narcotráfico, la participación directa de la inteligencia gringa en la trama expuesta anteriormente. Hechos también que contextualmente habrían motivado meses antes, el homicidio artero (mayo de 1984) del connotado periodista mexicano Manuel Buendía, siendo el ejecutor un agente de la DFS (Rafael Moro) detenido posteriormente; llegando las implicaciones del caso hasta la aprehensión en 1989 de José Antonio Zorrilla, el titular de la Dirección Federal de Seguridad al momento del homicidio de Buendía.

Finalmente vale resaltar la inédita rapidez de la actuación de la PGR en el caso Oceanografía- Banamex USA- Pemex- , cosa que contrasta con su falta de atención al oficio fechado el 26 de abril del 2013 folio T-GR-220002459-5 enviado a la Secretaria particular del Procurador General de la Republica, Judith Araceli Gómez Molano, por el Director General de Atención Ciudadana de la oficina de la Presidencia de la Republica, Carlos Eduardo Romero Castro. Así como, pues.

Miente con toda su lengua, el junior director de Pemex
El escándalo del caso Oceanografía (emergido desde USA) obligó a legisladores de oposición al PRI a demandar la comparecencia ante la cámara de diputados del director de PEMEX, Emilio Lozoya Jr, realizándose (9/03/2014) con la premura debida, para que el hijo del exsecretario de estado del régimen salinista, saliera con la barrabasada de que no les podía dar información del caso, porque esta fue “reservada” para no afectar las investigaciones que realizan al respecto tanto la PGR como el propio PEMEX, aduciendo además, Lozoya, que se trata de hechos aislados de corrupción. Lo que no es cierto, toda vez ser muy conocido que existe una gama de grandes empresas extranjeras y nacionales, que se coluden con funcionarios de la paraestatal, para saquearla a manos llenas.

Cabiendo mencionar por ejemplo, qué el robo de gasolina a PEMEX, se ha multiplicado desde que el ex empleado en México de la constructora española OHL, esta “dirigiendo” a la aun suministradora del 50 por ciento del gasto de inversión anual del sector público en todo el país, e ingresos que dejaran de percibirse en la misma medida que los recursos petroleros sean entregados a entes privados extranjeros y nacionales.

Como ha sido difundido ampliamente, la otrora pequeña empresa Oceanografía salió de la quiebra en el año 2000 hasta convertirse en un emporio gracias al apoyo de los hijastros del expresidente Vicente Fox , los hermanos Bibriesca Sahagún, quienes aceptaron en entrevista (octubre del 2004) con el director de la Revista Contralinea, Miguel Badillo, que fueron gestores de Oceanografía ante PEMEX, generándose una investigación gubernamental sobre las actividades empresariales de los hermanos Bibriesca Sahagún que finalizó, por supuesto, con su exoneración.

Valiendo señalar que hace unos días y en el marco de la polémica en comento, la misma revista publicó una nota de investigación firmada por Nancy Flores, que da a conocer la intervención del entonces titular de la PGR del gobierno foxista, Rafael Macedo de la Concha, proporcionando este incluso personal de la propia dependencia para llevar a cabo una defensa jurídica de Oceanografía, que les permitió ganar un fallo que inicialmente les fue adverso en una licitación por mil seiscientos millones de dólares. Disfrazando la asesoría oficial, Macedo, con una facturación por 3 millones de dólares cobrada por el despacho del también ex procurador Antonio Lozano Gracia y socio del político panista, Diego Fernández de Ceballos.

Los impunes hijos de “la señora marta” no tuvieron llene
Las maxi tranzas de los hijos de la ultra corrupta, Martha Sahagún, con Oceanografía y asociados fueron muchas y el libro-ensayo Tiene USA a México (Jorge Ledesma-feb 2012 pag 106-107) donde quería, dice lo siguiente:

[En Agosto del 2007 el diario A.M de León, en un extenso reportaje aportó datos que establecen vínculos de los hermanos Bibriesca con esa empresa y Juan Marcos Issa, un accionista de la trasnacional Blue Marine e involucrado como intermediario en presumible fraude por centenas de millones de dólares, en el arrendamiento y venta a sobreprecio a PEMEX del buque tanque “el Señor de los Mares”. Una maniobra urdida por la trasnacional Bergesen y funcionarios de la paraestatal, caso que partiendo de información suministrada por la Auditoria Superior de la Federación ASF y la Secretaria de la Función Pública SFP fue difundida ampliamente en prensa. Destacando la revista FORTUNA, que en febrero del 2007 publicó un categórico artículo de Nancy Flores sobre el tema intitulado “Mafia en Pemex opera millonarios contratos” y subtítulo: “El controvertido contrato entre Pemex y la trasnacional Bergesen-que involucra recursos públicos por al menos 758 millones de dólares, destinados al arrendamiento del primer barco tipo FPSO- oculta una red de corrupción encabezada por funcionarios públicos y directivos de la empresa Subtec, Blue Marine, arrendadora Ocean y Oceanografía”.]

Considerándose por último, que la arrebatada “confiscación” de Oceanografía por parte del gobierno federal, tiene que ver también con los vínculos comerciales establecidos por autoridades estadounidenses, de su propietario Amado Yáñez con una red de tráfico de cocaína, marihuana y lavado de dinero que operó en Texas de 1995 ( Reporte Índigo- 5/3/2014) al 2010, perteneciente al cartel del Golfo, donde una de los detenidas y presa en febrero del 2011 por su participación en la red delictiva, Mindy Kay Mc Gilvrey, fue representante a partir del año 2004 de una serie de empresas (Con-Dive LLC es una de ellas rentándole barcos a Pemex ) formadas y presididas en Texas por el propietario de Oceanografía, Amado Yáñez; no descartándose por tanto qué algunos funcionarios de PEMEX vía BANAMEX-USA u otros bancos, se hayan prestado a la realización de operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, una cosa harto fácil por la enorme masa de flujos monetarios que maneja nacional e internacionalmente la todavía empresa más grande de México y América Latina.

En cuanto al Citigroup, la Reserva Federal o Banco Central estadounidense FED, ya le había ordenado (La Jornada 27-marzo 2013) con anterioridad que debía reforzar las medidas contra el lavado de dinero dándole un plazo de 60 días para poner en orden en la sucursal en Los Ángeles California de BANAMEX-USA.

No importan al “gobernador” los proyectos presidenciales
Ahora con la presencia del presidente de la Republica Enrique Peña Nieto en BCS, es menester explicar que el “gobernador” Marcos Covarrubias, en lugar de apoyar los acuerdos que el ejecutivo nacional consideró como obras federales prioritarias para la entidad, se dedica al parecer a boicotearlas. Lo anterior Referido específicamente al caso del proyecto de construcción de una planta desalinizadora para la Ciudad de La Paz acordada en el Convenio de Coordinación entre el ejecutivo federal y el gobierno estatal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF el 30 de septiembre del 2013.

Esta presunción del bloqueo estatal a los proyectos presidenciales de Peña Nieto, derivada de que los terrenos idóneos para ubicar la planta como es el caso del predio El Coyote o Punta Coyote, fueron invadidos en enero del 2013 a su legítimo e histórico propietario, por el violento ex presidiario, Saúl Iván Sánchez Camarillo, amparado en una ilícita carta de posesión de terrenos nacionales otorgada por la ex presidenta municipal Rosa Delia Cota Montaño -junto a sus hermanos Leonel y Juventino así como su primo Narciso Agundez Montaño y otros líderes de la “izquierda” choyera, los verdaderos jefes de la mafia del despojo de tierras en BCS- , recibiendo el invasor tan importante ayuda interna de funcionarios de la Procuraduría Estatal de Justicia PGJE, que a más de un año de haber sido denunciado penalmente por el propietario del predio invadido, es hora que no lo presenta la policía ministerial a declarar.

Pasando lo mismo con los otros indiciados judicialmente en el despojo del predio citado, los ex directores del Catastro Municipal de la Paz, Roberto Salazar y Erick Cisneros, ambos con notoria fama de abusivos bandidos en puestos públicos y una larga cadena de fechorías a cuestas. En el caso del primero, Salazar, que casualidad que un día después de tomar posesión de la delegación de Corett (después de ser corrido del Catastro por rata prepotente), robaron la caja fuerte del organismo en San José del Cabo conteniendo 150 mil pesos, los cuales obvio no han sido recuperados ni sus “audaces” ladrones detenidos, presumiéndose un auto robo. En el caso del segundo, Cisneros, basta decir que es gente de todas las confianzas de los hermanos Cota Montaño y enviado por el mayor de ellos, el exgobernador Leonel, para saquear el ayuntamiento de Mulege en funciones de tesorero municipal, hasta que la gente no lo aguanto y obligó al alcalde Santillán a regresarlo a la capital del estado con el cargo de representante.

Colaboradores que depredan la imagen del Presidente
En el caso del predio de 475 Hectáreas conocido como el Coyote o Punta Coyote , también asoman intereses despojadores chilangos apoyados por el actual secretario de SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, un verdadero pájaro de cuenta proveniente del partido verde ecologista, y quien ha sido mencionado de forma reiterada por columnistas de la capital del país, como un funcionario sumamente corrupto al que le dan pocos días de permanencia al frente de la SEMARNAT, enseñando según detractores un profundo desprecio por la naturaleza y el medio ambiente, amén de incondicional interé$ por apoyar grandes proyectos depredadores, principalmente mineros y turísticos. Guerra Abud parece hacer equipo despojador en BCS con el arquitecto chihuahueño Jorge Calderón Trueba, quien a su vez asociado con su paisana Cecilia Sáenz Anderson, y utilizando como notario a un hermano del primero radicado en Chihuahua, han estado fabricando en los últimos años un sinnúmero de documentos “chocolates” con el fin de apoderarse en BCS de extensos predios nacionales costeros, de los que dicen ahora ser propietarios a partir de la “herencia” de un familiar que murió intestado, estafando incautos con millones de dólares.

Este Guerra Abud es el mismo qué como secretario de SEMARNAT ha fallado miserablemente en el cumplimiento de las disposiciones y compromisos que hizo el Presidente Peña Nieto de hacer pagar a funcionarios públicos y particulares, que violando las leyes de desarrollo urbano y obras públicas fueron responsables mayores de los estragos de muerte causados por el huracán Manuel en septiembre del 2013, principalmente en el otrora paradisiaco Acapulco.

Tragedia que tomó recién desempacadito al ejecutivo nacional, comprometiéndose este en cadena nacional, como uno de sus primeros actos de gobierno firme en contra de la impunidad gubernamental, a encarcelar raudamente a los malandrines fuese quien fuese . Sin embargo a 7 meses de los hechos, la justicia no se ha visto debido a las corruptelas e indolencia por responderle a la comunidad, de una amplia gama de “servidores públicos” encabezados por el secretario de SEMARNAT, generando por ende un sensible desprestigio social al presidente de la Republica, máxime cuando el pueblo de Guerrero tiene un bárbaro mega bandido de gobernador, imparable en todas sus marranadas, quien obviamente se encarga de impedir el castigo a los responsables del alto nivel de destrucción, causado por el huracán Manuel.

A 20 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio
El asesinato hace dos décadas en Tijuana del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, tal como lo sostuvieron hace unos días en entrevistas periodísticas leales colaboradores del sonorense de la talla de Samuel Palma, fue producto de una conspiración política del más alto nivel.

Sin ahondar en detalles y solo en breve respuesta a las afirmaciones públicas realizadas en torno al caso por quien es considerado socialmente el principal inductor de su muerte, tal suerte del entonces presidente Carlos Salinas, valga la pena el hacer las siguientes consideraciones.

El expresidente ha dicho como slogan, que él no pudo ordenar su muerte puesto que era su hechura. Efectivamente fue claro que Salinas impulso a Colosio en su carrera política, pero también es cierto , que al momento del homicidio, el distanciamiento entre ambos era sumamente fuerte con documentadas presiones agresivas del ex presidente Salinas vía José Córdoba Montoya, estimándose que la gota que derramo el vaso, fueron las reuniones-acuerdos sostenidos por Luis Donaldo con Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Manuel Camacho Solís, escasos días antes del magnicidio, y un par de pesos pesados convertidos ya en obvios enemigos políticos de Córdoba, de Carlos Salinas y de Raúl, el hermano de este.

De aquí la siguiente reflexión o regla de tres analítica al respecto: Sí Ernesto Zedillo, qué fue impuesto como sustituto de Colosio por Salinas de Gortari con motivo de ser quien mejor representaba la defensa de sus intereses, se atrevió a encarcelar a su hermano Raúl, entonces Luis Donaldo Colosio- que ya estaba peleado con Salinas- iba seguramente a meter al bote al expresidente por sus terribles excesos. E inferencia que determina qué el principal beneficiado del homicidio del sonorense fue precisamente Carlos Salinas, y no el mayor perjudicado como afirma este en su defensa. Por otra parte ni siquiera a un candidato de pueblo, lo matan en un acto de campaña poniéndole una pistola en la sien, menos a un futuro presidente de México que lo cuidan cientos de personas. Por favor, no insulten al sentido común de los ciudadanos.

Otra abstracción del tipo y relacionado con la época, gravita: sí está demostrado que Televisión Azteca fue comprado al gobierno de Carlos Salinas con 20 millones de dólares prestados por su hermano Raúl, luego Telmex pudo ser adjudicada a Slim con dinero o pura lengua del entonces presidente.

Un análisis simplista ídem a los anteriores pero en el marco del acontecer sudcaliforniano y el tema a desarrollar a continuación, estriba finalmente en: Sí el grupo Questro propiedad de Sánchez Navarro, es prácticamente el dueño de FONATUR en los Cabos y BCS -no han entrado a Loreto los arribistas porque les gusta encontrar la mesa servida como sucedió con Cabo San Lucas aprovechándose del esfuerzo de los hoteleros pioneros- , adueñándose sin licitación del Campo de Golf – Campestre San José y de las 200 Hectáreas conque iniciaron el desarrollo “Puerto Los Cabos”, luego entonces, son los mismos (Questro ) que están detrás de los esfuerzos nefastos de FONATUR por construir un inviable Muelle de Cruceros en Isla Margarita- Bahía Magdalena (el santuario de las ballenas mexicanas), al igual que apoderarse de miles de hectáreas costeras en la zona con pretexto de construir un insustentable pueblo marinero; y par de proyectos perversos con enorme trasfondo para la seguridad – soberanía nacional, al igual que afectara negativamente el sustento digno de miles de pescadores organizados y sus familias. En próximas publicaciones se abundará en el punto.

Pesca sin Ley en Bahía Magdalena
Otro asunto que debe tomar nota el Presidente Peña y sus colaboradores en su visita a BCS, es lo referente a la inmisericorde depredación de los valiosos recursos pesqueros de la zona de bahía Magdalena, que acabará con la mayor parte de ellos en el corto- mediano plazo. Un ecocidio tolerado y promovido por el subdelegado de pesca federal, el sinaloense Marco Antonio Muratalla, en sintonía mega corrupta con el secretario estatal de pesca Fernando García, quienes han permitido que hasta 20 equipos capturen regularmente camarón en tiempos de veda y saqueen cuanta especie comercial se les atraviese como langosta, abulón , almejas etc.

Señalándolos cooperativistas y pescadores organizados de la zona, de favorecer cada vez más con mayor número de permisos a los conocidos guateros Javier Hernández “el patas de oso”, Lupe Amador, Everardo Martínez, etc. y principalmente a Enemesio López alias el pechi, un peligroso delincuente que ha sido detenido por el ejército con importantes cantidades de droga y que pese a comete en años recientes actos delictivos graves del tamaño dé embestir las lanchas de FONMAR en altamar y amenazar con armas largas a pescadores, este hace lo que quiere, otorgándole Muratalla permisos para extracción de almeja generosa hasta la suegra del “pechi. Del “jefe” estatal de pesca, García Romero comentan sus ex compañeros de estudios de ingeniería pesquera en la UABCS, que a diferencia de la usanza de aquellos tiempos, cuando el egresado se corrompía a partir de empezar a trabajar en el gobierno, el citado ya era bandido desde estudiante, recordando por ejemplo que entre Fernando García y otro símil de apellido Coronel hicieron trizas y saquearon un barco en el que hacían las prácticas profesionales los cursantes de la carrera.

Precisamente con el anterior, en el cargo de director de fomento pesquero, el citado García cometió un sinnúmero de fraudes con recursos federales destinados a pescadores, así como también tiene como curricular el haber trabajo como director de catastro con el recientemente encarcelado por fraude con recursos federales, el exalcalde perredista de Loreto, Yuan Yee Cunnighan. Asimismo Fernando García junto a Coronel y Ramón Salido Almada el ex secretario de desarrollo del régimen mercadista, fue de los cercanos al famoso narcotraficante Juan Chapa Garza alias “el ingeniero José Luis García Treviño”, detenido en octubre de 1994 en el hotel los arcos de La Paz BCS por la PGR, cuando como “inversionista! intentaba “detonar” la actividad pesquera en la entidad mediante la compra de 40 embarcaciones mayores.

Maremágnum
También el presidente Peña Nieto debe enterarse del trato abusivo que el gobernador Covarrubias y sus funcionarios, han prodigado a la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce, bloqueando, entre otras agresiones, las cuentas bancarias del ayuntamiento por un fallo laboral injusto, proveniente el problema de anteriores administraciones, que si hubiera querido Covarrubias se hubiera evitado. Un asunto en donde la propia presidenta paceña tiene la culpa, toda vez soportar en general a nefastos colaboradores como son los casos de Rosa Sánchez en Obras públicas y su titiritero conocido como “el Tito Fenech” quienes se dedicaron desde un principio a entorpecer el proyecto de mercado de productores en Chametla, porque no se iban a encargar ellos de manejar la obra, provocando a propósito conflictos con los vecinos y el padre de la iglesia local, en una superficie de terreno suficiente para no generar inconformidades de nadie. Es el momento que la alcaldesa Ponce limpie de lacras el ayuntamiento, y recupere la credibilidad y el respeto de los habitantes de la ciudad capital, despidiendo por lo pronto a estas sabandijas del servicio público.

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