Por Víctor Octavio García

Incumplimiento o desacato

• Cuentas públicas pendientes

En entregas de la semana pasada señalamos lo inútil que resulta para la ciudadanía que se gasten de nuestros impuestos millones y millones de pesos anuales –el Congreso del Estado presupuesta y gasta cada año cerca de 200 millones de pesos en “dietas”, sueldos y salarios y recursos de operación– en 21 diputados, un numeroso grupo de asesores que no asesoran, auditores y contadores en el dizque órgano de fiscalización superior, para que revisan mensualmente las cuentas públicas de ayuntamientos, gobierno del estado, y para el caso que nos ocupa, de institutos de educación superior, puestos de moda en cada uno de los municipios de la entidad, así como de la UABCS, del IEEA, del COBACH, del CECYTE, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Estatal Electoral, del propio Tribunal Superior de Justicia, cuyas cuentas públicas, salvo honradas excepciones han sido aprobadas anualmente; es decir, si les ponemos atención a “instituciones”, que debieran ser honorables y responsables en el ejercicio de su gasto, procede de nuestros impuestos, desde el año 2010, vienen dando bandazo tras bandazo, haciendo lo que les viene en gana, porque la no aprobación de sus cuentas públicas no ha traído sanciones ni castigos ejemplares a los infractores, y menos que se haya destituido a los responsables, empezando por sus directores generales, o los rectores en su caso, y sus responsables administrativos y financieros. Tan solo recordemos que en nuestra alma mater, la UABCS, los rectores perredistas de 1999 a 2011 convirtieron a la institución en un triste almacén y proveedor de recursos financieros y almacén de material electoral que llegó al grado de lo absurdo, y como siempre, no pasa nada.
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