Por Jorge Ledesma

La caótica explotación-depredación-  pesquera que impera en la zona de análisis, incluyendo la ya  gravísima contaminación del ecosistema alrededor de Puerto San Carlos, se torna más adversa  aun, por la reciente  difusión de información  proveniente de las  organizaciones ambientalistas CEMDA y Defenders  of Wild Life México, referida a la estimación de una matanza accidental en Bahía Magdalena  por artes de pesca de 7 mil tortugas  amarillas  (nativa de Japón según la CONANP y que migra a  BCS para  alimentarse) durante el año  2012 y  atrapadas  en lo que ellos llaman golfo o bahía de Ulloa, sito  frente a Cabo San Lázaro a la altura del bajo de explotación  conocido como la 23. Sin embargo, la nota periodística publicada en  La Jornada del  14 de abril   pasado, dice también  que la PROFEPA tiene  como cifra en el periodo, una mortandad de 2,200  caguamas  de las cuales  842   perecieron  por artes de pesca. De  aquí que en principio  pudiera considerarse como algo  disparatada o alarmista la cifra  manejada por las  ONG, al ser esta última cantidad solo el 12%  de sus siete mil citadas.

Al respecto, Los pescadores que tienden  en la zona  reconocen que efectivamente el año pasado, como nunca cayeron en sus redes esos animalitos, pero que esto se debe también al incremento de la operación en las cercanías de Bahía Magdalena  de barcos picuderos  extranjeros y nacionales, que con sus kilométricos palangres  generan gran mortandad de la  especie al devolverlas al agua desgarradas en su interior por  anzuelos. Al igual que trabajan  a menos de 50  millas de la costa comundeña, dentro de la zona económica exclusiva  (200 millas que todo mundo reconoce desde 1960  menos USA), tuneros gringos que atrapan en sus redes otra gran  cantidad de tortugas las cuales devuelven ahogadas al mar, y consideraciones que arguyen los pescadores locales  son soslayadas tanto por los ambientalistas, como por las  autoridades concernientes, estas últimas que actuando de lo peor relatan indignados los trabajadores  del mar,  tienen con sus corruptelas, ineptitud e irresponsabilidad, un verdadero cochinero en el  acontecer de la actividad.

Denunciando qué CONAPESCA y FONMAR han llevado la protección y fomento al guaterismo a niveles demenciales, cuando  por ejemplo  sus representantes tienen  en  operación permanente, una flota pirata de 20 embarcaciones  que mandan discrecionalmente  a la captura de  abulón, langosta, callos de hacha, almejas catarina y generosa, o lo que se atraviese (hasta drogas por qué no ya estando en eso). Equipos  que señalan cooperativistas, están trabajando abiertamente el camarón  en estos momentos en Bahía Magdalena, para colmo usando  los prohibitivos  “changos” que barren el suelo marino arrasando  con todo; y en época de veda. Del trabajo de la Marina mencionan  es muy  esforzado, realizando  patrullajes constantes, pero que generalmente tienen  poco  resultado,  ya que sin oficiales  a bordo de Conapesca o Fonmar no  actúan  en contra  de la pesca ilegal- lo que necesariamente debe cambiar con la capacitación respectiva. Percibiendo  la comunidad productiva, qué los inspectores de esas  dependencias se descoordinan a propósito de la SEMAR,  afín de “manotear” libremente, llegando al grado de  hacerse  a la mar con  policías municipales y/o ministeriales  armados, suplantando delictivamente  atribuciones exclusivas de la  Naval militar.

Los problemas deben corregirse, no empeorarlos   
Es conocido de  tiempos recientes  alguna  mala relación  prevaleciente  entre  el  grupo  de tortugeros que realizan labores técnicas- admirables-   de protección a la especie en Bahía Magdalena, y pescadores de la zona de Puerto López Mateos básicamente. Diferencias iniciadas por el ambo  incumplimiento  de acuerdos sostenidos anteriormente, en cuanto al cambio de sistemas de captura y gestiones  en la comercialización. Sin ir a los dimes y diretes   de quien  tiene  mayor  culpa, es un statu nocivo  qué  debe terminarse , abriendo camino a soluciones  mediante  benéfica  concordancia qué permita inmediatamente a las ONG inconformes, monitorear al cien  por ciento las capturas  en el área;  y en función de las estadísticas reales de mortandad-causa, observada,  proceder  en conjunto a estudiar-proyectar las medidas que mitiguen-eliminen el fenómeno en  medida de lo técnicamente posible, implementándolas en  un horizonte no mayor a 3 años. Impedir por otra parte,  que el pescador legal local, mediante presiones mediáticas de  buenas a primeras deje de capturar su sustento, no es de manera alguna lo justo. Sobre todo cuando los verdaderos responsables, así como el tamaño real de la mortandad de tortuga amarilla o caguama  ni siquiera está claro.

De ninguna forma  debe  permitirse que en aras de quien puede más, se llegue  a una situación donde se ponga en riesgo la comercialización a USA de productos provenientes de Bahía Magdalena, tal como amenaza La nota de La Jornada (pág. 41, 14/04/2013)  atribuyendo a  CEMDA los dichos,  “que ante las altas tasas de captura de tortugas existen condiciones para que se dé un embargo comercial  pesquero de Estados Unidos hacia  México y de forma totalmente unilateral”. Mencionando además, que el Congreso estadounidense ha sido informado de esta situación y  “solo una solución rápida y eficaz que detenga o disminuya significativamente la mortandad de quelonios evitaría el embargo”.

Lo  anterior no debe tomarse como cualesquier balandronada o cosa mínima. Debiendo  recordarse, que  el senado estadounidense  buscando proteger a su  industria  atunera y en represalia por las confiscación de  barcos estadounidenses del ramo  que hasta entonces pescaban libremente en aguas mexicanas,  complotó exitosamente  un boicot comercial  en el año de  1980 –que  permaneció aduciendo luego  una exagerada matanza de delfines en redes-,  acabar  con la industria atunera mexicana – al momento del boicot con la flota más grande de Latinoamérica y una de la más eficiente del orbe, cerrando su mercado al atún  mexicano,  acabando  con una fuente de empleo excelente,  que aprovechando la consabida riqueza  del recurso patrimonial, daba ejemplo de bonanza y orgullosa identidad a  Ensenada BC.

Abusiva marranada de los legisladores yanquis, que después de su intervención golpista, dejaron  la tarea sucia en organizaciones ambientalistas oficialistas  ligadas a los intereses de los tuneros estadounidenses, de liquidar mediante recursos legaloides  definitivamente al emporio mexicano del atún. Cuyos detentadores,  cooperativas y particulares, desmoralizados al cabo de 10-15 años del injusto embargo comercial,  terminaron traspasando sus activos a una emergente clase de armadores con sede ahora en Mazatlán, Sinaloa y  Manzanillo, Colima.

En retrospectiva es Ilustrativo  para dimensionar la prodigiosa naturaleza marina de BCS,  el conocimiento  qué  la industria atunera gringa  se haya iniciado en los años 20   con  pequeños barcos que pescaban  aleta amarilla  en verano en Cabo San Lucas – pionero en la industria de  América  instalando en 1927 la primera  enlatadora de atún  y  vendiendo su producción  exclusivamente a USA-  y en otoño lo hacían en Bahía Tortugas; un antecedente  histórico establecido en la   introducción al   estudio, “El atún, el embargo, y el tratado de libre comercio” de  Cuauhtémoc González e Irma Delgado IIEC-UNAM.

Pudiera repetirse la historia de otro gran  abuso comercial  
Bloqueo proteccionista abusivo e injustificado, el del atún mexicano, que similarmente  ha realizado el Congreso estadounidense en los últimos tiempos en contra de extraordinarios  productos nacionales como el aguacate u otros de origen marino como el mismo camarón, tan abundante a vez que guateado todo el año  en la  ultra saqueada  Bahía Magdalena.  De aquí lo peligroso de  dejar correr  un  problema  que tiene solución, y donde la parte conservacionistas  debe poner lo suyo para llevar a buen término la situación, al igual que los pescadores locales siendo más reflexivos y propositivos en sus posturas. Solo ellos podrán resolver sustantivamente el problema, ya que los representantes de los 3 niveles de gobierno, en lugar de ayudar, complican la situación, porfiando  cuidar primeramente  los intereses depredadores imperantes en el sector.

Como hicieron constar  en la poca difundida visita al estado la  semana pasada  del jefe de inspección y vigilancia  de la  Conaspesca, Rigoberto García Soto  que conjuntamente con el titular  estatal del ramo, Fernando García difundieron  la puntada,- sin estudios o bases científicas documentadas- qué de  las mil  099  (otra cifra diferente manejada en la mortandad anual  2012) caguamas encontradas  muertas, ninguna tenia rastros de lesiones por artes de pesca, por lo que todas  perecieron por  floraciones algales nocivas,  aduciendo por otra parte  que  los pescadores  habían aceptado dejar de pescar en verano en el bajo conocido como la 23, periodo donde supuestamente convergen anualmente gran cantidad de la especie; y argumentos esgrimidos  por las autoridades citadas  en nota del Peninsular digital (29-04-13), medio que ha dado puntual  cobertura a la problemática.

Cabe reseñar que el fenómeno conocido como floraciones algales nocivas, según la literatura científica, se refiere a una especie de marea roja que se forma por desechos nocivos al mar  en micro algas (y no macro algas como dicen los dos García en la referida nota), cuyas bacterias  se transmiten principalmente a mariscos y peces- no señalándose en lo absoluto  que las tortugas sean afectadas por la ingesta de dichas algas-, los cuales enferman finalmente a su  consumidores  en algunos casos de manera grave. Lo que significa- de  ser cierto la existencia en la zona de floraciones algales nocivas  manifestada por  las autoridades pesqueras-,  que los recursos marinos de Bahía Magdalena pudieran estar contaminados actualmente de manera tal,  que su consumo final  no sería  apto para la salud, lo que traería consigo  una catástrofe económica de consecuencias durísimas  para los que viven directa e indirectamente de la actividad.

De aquí, que por estas razones posiblemente CEMDA, haya respondido un día después a  la publicación de la nota, qué son declaraciones desafortunadas de los sujetos que pretenden esconder la verdad en las causas  de la mortandad de caguamas. Por otra parte asegurar que los  pescadores  están conformes con dejar de trabajar  en el caladero  más productivo  aun y sea solo el verano, también es bastante aventurado. Ciertamente, si los trabajadores del mar y  los  conservacionistas de Bahía Magdalena dejan en manos de la Conaspesca  y  del   gobierno estatal la solución al problema presente, la situación empeorará a  inmanejables niveles con graves  daños  sociales. La  evidente protección y fomento a la pesca ilegal  le resta toda autoridad convencional a las citadas dependencias para mediar en el problema, del cual de paso son responsables. Al menos Muratalla, el subdelegado federal de pesca debe dejar el cargo inmediatamente.

Organizaciones  ambientalistas  atacadas  por varios  frentes en BCS
En un país donde el abuso  de poder es la norma, lógico es  que abunden los  ataques  de todo tipo en contra de quienes  se oponen a ellos. Máxime cuando la innecesaria   destrucción de la naturaleza enriquece no solo al  bárbaro capitalista, sino  también al bandido gubernamental que se presta a ello, incluso en carácter de promotor y socio, tales casos  en BCS, de los exgobernadores perredistas Leonel Cota Montaño y su pariente   Narciso  Agundez Montaño. Cuyos casos emblemáticos son en el primero, la ex propiedad gubernamental costera conocida como El Mogote, amén de variados  casos cometidos por el otro tunante, destacando su  intento de robarse más de 2 mil hectáreas en Cabo San Lazaro-Bahia Magdalena,  coincidentemente  concatenado  a  Luis Cano, el mismo  mochiteco rata usado por  Leonel Cota  para robarse  El Mogote en una operación muy a su estilo, dé pura lengua, ya que los supuestos cheques mediante los cuales  Cano compró las 340 Has de patrimonio público  a diez  pesos el  M2   jamás  aparecieron ; al menos no  en los archivos oficiales.

Del rotundo  fracaso que representó finalmente  la construcción de  un mega desarrollo turístico  en  El Mogote, se estima,  desprende el feroz encono que ciertos representantes de la iniciativa privada paceña irradian en  contra las organizaciones ambientalistas que se opusieron tenazmente  al proyecto; al tener  estos empresarios,  propiedades contiguas, cuyo valor y expectativas de inversión se fueron al demonio a la par que el  derrumbe del negocito  con bienes del gobierno  montado por el exgobernador Leonel Cota. Uno de estos  resentidos,  se entiende  es precisamente el dirigente empresarial emergente, Agustín Olachea, que con terrenos heredados  en la lengüeta insular, ha  pretendido sin éxito conseguir las autorizaciones ambientales para construir un desarrollo, en un sitio cuyo uso  vocacional deriva para el presente analista, cuando mucho en la edificación de instalaciones livianas y desmontables para el turismo y residentes  científicos.

Una estrategia de captación de divisas y de superación cultural  desdeñada por los representativos tipos de los actuales regímenes de gobierno  porque simple y llanamente no les entra  lana a  sus bolsillos. Por ahí se recuerda a un exalcalde que exigía para si la mitad   de 100  computadoras  donadas por organizaciones norteamericanas  para estudiantes. O que decir por ejemplo  del equipo e instrumental médico  con valor de cientos de miles de dólares,  robado por los hermanos Cota Montaño desde el poder, a las bondadosas  hermanas carmelitas  del  paceño hospital del Perpetuo Socorro, y donaciones  provenientes de benefactores  retirados de la U.S. NAVY.

Del  escenario  anterior   devienen los constantes ataques al Centro Mexicano  de Derecho Ambiental  CEMDA,  por  denunciar e insistir   ante SEMARNAT- PROFEPA,  que el fraccionamiento  Paraíso del Mar  construido en El Mogote, violó gravemente la ley , logrando por tanto  la revocación de las autorizaciones ambientales,  en un desarrollo de por si  gravemente impactado por edificaciones de pésima calidad, realizadas  en suelo no apto para el modelo, el cual por ser financiado con puro apalancamiento crediticio, terminó tronando miserablemente. Con unos  compradores  a punto de ser desalojados por la banca extranjera y nacional, no obstante pagar  los clientes de Cano &  Cota, a totalidad  el precio pactado en  los inmuebles; desprestigiando  aún más la imagen del destino  en materia de inseguridad a la inversión, que finalmente-  se verá-  deriva  de la operación en BCS de esquemas mafiosos paragubernamentales  que operan abiertamente  como delincuencia organizada  en materia de despojos de valiosos predios costeros, públicos y privados. Sus cabecillas todo el mundo los conoce: Leonel Cota Montaño y Narciso Agundez Montaño, ambos  apoyados  en  estructuras de corrupción sembradas  por ambos en los Catastros y Registros públicos de la propiedad.

Sin avalarlos  al cien,  la actuación de CEMDA, puede categorizarse   generalmente  de buena y  que sirve socialmente; salvo casos en contrario que algún inconforme o afectado  pudiera hacer ver.  Su intervención en affaire Cabo Cortés  también fue benéfica al estar ese proyecto pesimamente planeado, al igual que la naturaleza especuladora-depredadora  de los inversionistas españoles que  pagaron al entonces director de fonatur John McCarthy (socio ídem  de Leonel Cota-Narciso Agundez) ) una comisión mayor a los  2 millones de dólares por cederle un terreno, qué este  había adquirido para el fondo sin protocolizar escrituras,  y  lindezas del impune exfuncionario que debería examinar la Secretaria de Turismo  Ruiz Massieu in situ,  en su anunciada  visita a Loreto. Tal demolición y saqueo del icónico y entonces recién remodelado  hotel Presidente Loreto de 250 habitaciones, cometido  por el otrora  ex vendedor de tiempo compartido del grupo Questro, el  mega rata de  John McCarthy. Que sacó la cabeza recientemente después de estar escondido por 3 años, eludiendo ordenes de aprehensión por el descarado saqueo de bienes y recursos  del Fonatur, traducidos  por sus conocidos en alrededor de 100 millones de dólares que tiene ahorita en sus bolsillos. “A poco me iba a morir de hambre” arguye cínicamente el impune ladrón, cuando lo cuestionan al respecto.

La minería en BCS, campo de batalla de poderosos empresarios
Los proyectos mineros en suelo sudcaliforniano son otro de los frentes fuertes que traen a cuestas las organizaciones conservacionistas, particularmente en  defensa de la no afectación a la  mayor fuente  de agua dulce del estado, esto es  la Sierra  de la Laguna, localizada  en el epicentro de los municipios de La Paz y Los Cabos,  y cuyos escurrimientos de lluvia infiltran los acuíferos regionales.  Sobre el tema, tal vez haya oportunidad de discernir en posteriores escritos, pero  en  corto  no deja de ser curioso, que en esta lucha a favor del recurso vital  (el agua vale más que el oro ha sido lema de batalla) aparezcan intereses extra ecologistas, como parece  indicar la participación decidida del grupo Questro en contra de la minería toxica, prohijando el cuidado de la disponibilidad  de agua que se gesta en la conocida sierra, donde paradójica e incongruentemente a su postura, la cuenca del Rio San José  alimentada por esta serranía  está siendo salinizada  por el propio Questro a través de la irracional  apertura al mar del Estero San José, realizada con las obras  de Marina La Playita, una filial del grupo y parte del desarrollo  Puerto Los Cabos.

Se mencionan  intereses extra ecologistas, porque precisamente el holding  minero más fuerte del país y beneficiado por ende de concesiones en BCS , Minera México   propiedad  de los hermanos Larrea,  se encuentra desde hace 4-5  años disputando ferozmente el control  del  consejo de administración del Grupo Aeropuerto del Pacifico  GAP,  a Eduardo Sánchez Navarro  el también  controlador y dueño del grupo Questro. De ahí el sentir de algunos, en cuanto a que  estos últimos alientan  la lucha en pro del agua  a manera de afectar a  sus más  poderosos rivales.

Una lucha descarnada  entre pesos pesados del poder político-empresarial  nacional, que estalló  el pasado 23 de abril  con motivo de la decisión de un juez de Jalisco, que desconvocó la  reunión de asamblea general ordinaria de accionistas  fijada para esa fecha, y en la cual según Luis Cervantes  abogado de Minera  México, el  desarrollador  Sánchez Navarro, seria acusado de un desvió en la administración del GAP ( concesionario de los aeropuertos de San José del Cabo, La Paz, Tijuana, Guadalajara, Culiacán,  Puerto Vallarta  y otros) por mil millones de pesos. Y  noticia que circuló  profusamente en la prensa más importante del país. A estas denuncias, respondió el abogado del GAP, Raúl Fernández, que eran falsas, y que todo giraba alrededor de la lucha  por el control de la empresa,  expresando en descargo  que el actual consejo de administración del GAP, ha repartido a los accionistas  2  mil millones de pesos en utilidades. La pelea es brutal y deviene como fondo que Minera México  posee más del 25 % del total de  acciones del GAP  y merced a  subterfugios legales- que adjudican al jefe  de Questro-, no le han  podido quitar el control a una  contraparte que tiene solo el 2.5%.

Niparajá, modelo de organización conservacionista
Aparte de CEMDA , otro de los organismos sujeto de los berrinches  del  anteriormente citado “desarrollador”  Agustín Olachea, es la excelente organización NIPARAJÁ con más  de  20 años de trabajar de forma exitosa  y honorable en pro de la conservación del patrimonio histórico natural de BCS. Fundadores de la institución, como Timoteo Means  son gente de nobles propósitos con grandes aportaciones a la entidad, a quien particularmente se debe el descubrimiento con fines turísticos  del fenómeno estacional de la Ballena Gris en Baja California Sur, cuando un barco (Don José)  de  80 pies de eslora construido a base de madera, clavos  y quilla de Mezquite en los astilleros de Abaroa, fue acondicionado para expediciones científicas a mediados  de los años setentas, iniciando recorridos anuales hacia Bahía Magdalena, con permanencia de 3 meses y  promedio de 30 investigadores a bordo. Nadie absolutamente nadie, ni siquiera los lugareños habían reparado en el fenómeno de la Ballena Gris, hasta que Timoteo lo reveló comunalmente. Así se inició esa  importante corriente turística que visita BCS en la época de avistamiento del cetáceo.  Means por cierto es  víctima ídem  de la mafia despojadora de predios, que lo quiere dejar sin  su viejo  rancho, Santa Marta  en las cercanías de Agua Verde municipio de Loreto; a la cabeza del intento de robo, el ex diputado federal panista  Isidro Camarillo, que va por las miles de palmas datileras  sembradas y en producción.

Timoteo fue  también un destacado impulsor de la creación del Parque Marino Bahía de Loreto, aparte de su tiempo  aportando de su bolsillo para estudios y otros, por lo que se considera sumamente injustificada la denostación al ejemplar trabajo de la organización  Niparajá. En opinión personal y sin ánimo de ofender, resulta  retrogrado y hasta infantil  que cuestionen al ente conservacionista porque recibe importantes apoyos financieros de una fundación dirigida por miembros de la familia Walton, los fundadores de la cadena Wal-Mart. Si bien esta empresa tiene una política de prácticas comerciales y laborales  cuestionada mundialmente, no es motivo para tasar con el mismo rasero a la fundación que dirige Cristina Walton. Por lo contrario hay que tener agradecimiento y mostrar cooperación   para quien destina de manera altruista  millones de dólares  para el desarrollo de importantes programas conservacionistas en BCS.

Si a esta persona  se debe en verdad la actual renovación urbana de la parte antigua de la ciudad de La Paz (adquirió una propiedad  transformándola en parque), pues excelentísimo  trabajo. Por otra parte, si la referida fundación y sus directivos han cometido abusos, despojos u otra clase de atropellos, tipo empresarios perredistas del sur del estado (amiguísimos de Olachea y demás), entonces hay que denunciarlos. La gente que hace el bien, hay que conservarla, no ahuyentarla. No hay que ser, perdonando la expresión, tan pendejos.

Desde el gobierno se depreda y se destruye  a Bahía Magdalena
En la primera parte del ensayo (marzo/2013) se mencionaba  que la  sobreexplotación de sardina en la zona a partir de la llegada del PAN  a la presidencia de la república, fue causante en el pasado año 2012,  que por primera vez en la historia conocida no hubiera sardina  que capturar en Bahía Magdalena. Una situación sumamente peligrosa para la preservación de los recursos marinos, por ser el alimento vital de especies mayores que afortunadamente  abundan aun  en BCS, todas ellas de enorme importancia en la pesca deportiva, el símbolo-origen de su detonante turístico, al  igual que es sustento principal  de otros pescados  de alto valor  comercial, calamares etc., es pues resumiendo, la sardina, el pez más importante de todos  en la cadena marina alimentaria del planeta; y  si el Golfo de California es el acuario del mundo, Bahía Magdalena es el  vivero más rico del universo. Así  se percibe para quienes  conocen a fondo de antaño ambos maravillosos y entrelazados ecosistemas.

Esta situación abusiva  de poder político, era  previsible por la llegada al poder presidencial  de un partido que ha gobernado al vecino estado ininterrumpidamente desde 1989, y  para desgracia de los recursos naturales de BCS  y de sus pueblos, encabezado en su primer ejercicio  por el industrial pesquero Ernesto Ruffo, a saber, el  líder de una camarilla empresarial que acabo vorazmente con los recursos marinos de aquella entidad, saqueando a partir de ahí,  los existentes en Sudcalifornia. Lo  que no era de esperarse, es  que los gobernadores de BCS se volvieran en los regímenes de Fox- Calderón,  los más abyectos y corruptos cómplices en la creciente depredación pesquera de los recursos patrimoniales.  Como quedó escrito  para la historia negra de  Baja Sur, con la amistad incondicional mostrada cínicamente por  Leonel Cota y Narciso Agundez, para los ex titulares de la CONAPESCA, los depredadores Jerónimo Ramos y Ramón Corral.

El primero, corrido  del gobierno por autorizar la operación ilegal del barco fabrica Pionero del Mar en la costa occidental de la  península de Baja California, y uno de los receptores principales (Ramos)  en  granjas tuneras de su propiedad, de la sardina sobre explotada  en Bahía Magdalena, recibiéndola incluso congelada de las plantas de Puerto San Carlos y López Mateos. Un obvio delito, al estar tipificado por ley que la sardina monterrey  es exclusiva para consumo humano. El segundo, Ramón Corral, otro  bandido con charola –  descendiente directo de Ramón Corral el ultimo vicepresidente del dictador Porfirio Díaz que en el cargo de gobernador de Sonora masacró a los indios  yaquis despojándolos de sus tierras y enviando a los sobrevivientes como esclavos a Yucatán-,  que  construyó para sí mismo  ilegales  plantas harineras  de sardina y  dio permisos irregulares para nocivas granjas de atún, recibiendo bienes inmuebles  a cambio.  Al igual  que sostuvo, Corral,  la autorización de facto de su antecesor Ramos para duplicar el esfuerzo pesquero de la captura de sardina en Bahía Magdalena, acabando con la  especie, con la complicidad  de  Narciso Agundez, el ultra rata y socialmente súper destructivo exgobernador.

En el caso de la confabulación de   Leonel Cota Montaño con los depredadores pesqueros de BCS, que más con la iniciativa de ley presentada por allá en el 2001 (después de fracasar con su muellecito  de cruceros en Cabo San Lucas) por su hermana y  entonces diputada federal por el PT, Rosa Delia Cota Montaño, con el fin de  modificar el artículo 13 de la ley de pesca, y  tendiente a finiquitar  la prohibición de pesca y comercialización del Dorado; y que el otro hampón consanguíneo, Juventino, se encargase  de financiar con dinero gubernamental  la tramitación de  amparos para que esa especie reservada fuera pescada libremente -hasta la fecha – por pescadores sinaloenses afiliados al PT, hoy Movimiento Ciudadano. Una dinámica de corrupción y depredación marina,  instaurada por los Cota Montaño, crecida  como bola de nieve, que tiene  al sector pesquero  operando en absoluto desorden, y donde el  guaterismo asociado al narco, se está transformando en ley.  E idiotas salvajes que introdujeron a  la Bahía de La Paz un pez depredador del mar Mediterráneo, así como montaron como negocio personal un cuchitril de delfinario junto al hotel La Concha, matando  a los animalitos.

Citando los cooperativistas y permisionarios,  que esta  temporada  recién terminada oficialmente, los guateros (siguen capturando todavía)  sacaron miles de toneladas de almeja generosa;  y a ellos, productores legales, les repartieron escasas 300 toneladas. Dándose el caso grotesco de que los compradores o intermediarios, delante de todos, les recibían primero el producto  a los piratas  pagándoselos a 40  pesos el kilo, y ellos a quienes tienen  que pagársela  a un precio alrededor de los 200 pesos, se los aceptaban  después de 1-2 días. Generándose grandes ganancias  y  suficientes para el  pago de  sobornos a inspectores y demás autoridades que intervienen en la protección-embarque del producto al mercado internacional.  Señalando a los trabajadores del mar a un tal Chávez de la Ciudad de La Paz  como el principal receptor-congelador  de la pesca Ilegal de abulón, langosta, camarón, almejas generosa y catarina etc. y  al  nefasto Hilario Pérez Figueroa  funcionario de CONAPESCA,  su protector oficial.  La situación  ha llegado a tal extremo de barbarie e impunidad, cuentan residentes  de la zona, que algunos desalmados depredadores dueños de equipo, dejan  largados, ahogándolos, a buzos  que llevan al guateo de abulón, cuando se ven descubiertos por la vigilancia de Cooperativistas y  huyen  a todo motor. Hay un tipo en Puerto San Carlos, hijo de un conocido guatero, que supuestamente ha realizado ese crimen  más de una ocasión.

No llegó  a estas regiones  “el valor sudcaliforniano”
Es en Puerto San Carlos y  el sufrimiento de sus familias, donde Marcos Covarrubias  ha dejado constancia  de  su ya conocida falta de humanidad y carencia absoluta de decoro en el ejercicio de la función pública. De su interés por resolver la grave problemática de las notables pesquerías que se realizan en la zona de Bahía Magdalena, ni hablar. Al gobernador no le gusta que le presenten problemas por tanto no los atiende y los deja a la deriva  en manos de colaboradores, que siguiendo su ejemplo y el liderazgo bandido del Cuco, están más interesados en hacerse ricos  aprovechando  el cargo, que atender su responsabilidad. Y  pueblo abandonado en las  manos del diablo, donde los días del niño y eventos tipo  visten a los infantes como homosexuales; y las autoridades que deben dar el ejemplo patean  a las  esposas y corren  de la casa con todo e hijos, en escándalos públicos que no hacen mella en  la  sórdida complacencia  de una  superioridad política, que  se regodea  con las bajezas  cometidas; y lugar  a donde no  va  con sus programas moralizadores  la directora del DIF estatal, que derrochando dinero público  a manos llenas, busca ser la tercera alcaldesa consecutiva de La Paz. Por eso, el cinico y ridículo  programa “Valor sudcaliforniano” solo se promociona en este municipio.  De acuerdo a empleados,  Le queda mucho  mejor a la señora  apoyar proyectos a favor de acabar con la  violencia intrafamiliar.

Hace 2 años en esta localidad fue asesinado el joven Asael Valtierra Loya a manos de delincuentes que lo secuestraron para quitarle 400 mil pesos que llevaba a depositar a Ciudad Constitución. En los hechos quedó demostrada la participación de policías municipales  del Puerto que interceptaron en patrulla a la víctima, entregándolo a sus homicidas. Estos elementos fueron protegidos por el entonces director de la  policía  municipal  Álvaro Gerardo Cabanillas, que los escondió por días, hasta que escaparon, causando la indignación de los padres que denunciaron los hechos en medios de información. Permaneciendo el sujeto inamovible hasta terminar el periodo gubernamental, no obstante difundir el semanario Zeta, su involucramiento  en averiguaciones previas de la PGR  por complicidades con el narcotráfico delatadas por  detenidos.

La renuncia del secretario estatal de Seguridad Pública, Álvaro de la Peña, hará par de  meses, generaron el cambio de la mayor parte de la plana directiva  de la dependencia, obteniendo el puesto como encargado de  despacho, Adonaí Carreón, un ex ministerio público federal de cuestionados antecedentes, destacando negativamente  en los nuevos nombramientos, el del citado Álvaro Gerardo Cabanillas como director de investigación policial u algo así, en la corporación. Una decisión  de lo más ruin tomada por el frívolo gobernador, que significa una cruel burla para los familiares de Asael Valtierra y para la comunidad en su conjunto; que amerita la solicitud  de renuncia de Covarrubias al  gobierno estatal, por parte de la sociedad organizada. Cómo es posible, que se premie  con un alto puesto a quien está comprobado es burdo cómplice de sanguinaria delincuencia, y  de paso le den un encargo  similar donde seguramente seguirá trabajando para el  crimen. Esta decisión le ha generado al ejecutivo gruesos epítetos de la ciudadanía. De desgraciado no lo bajan. Y tienen muchísima razón.

Autoridades militares en picota
Por otra parte  hay señalamientos de que Gerardo Cabanillas  es un desertor del ejército, lo que agravaría la situación, al emerger  una previa  permisibilidad de parte de los mandos de la institución  en BCS  (de por sí muy mal parados ante la ciudadanía paceña por la conducta cuestionable  del anterior comandante de zona) a tan agravante  irregularidad, que se paga con prisión militar. Según conocedores del medio policiaco en BCS, ninguno de los recientes beneficiados con altos puestos en la SSPE, pasa los controles de confianza. Y afirman también, que los nombró el famoso Cuco Covarrubias  a instancias de  un tal Irineo -al parecer el hombre del narco al  interior  de la “administración”  covarrubista. Estuvo tan bueno el billete recibido, infieren, que inmediatamente después de los cuestionados  nombramientos,  el hermano incómodo  se enfiesto- karaoke en Pick-up –  por dos  semanas completitas. Tan “alegre” se puso  el bandido, vacila la palomilla vecina, que hasta los empresarios bailadores  seguidores de Luis Armando Díaz- que son los mismos asociados del  famoso Cuco-, se le rajaron en pleno tour, chorreando el rímel.

Igualmente ha fallado y se ha burlado M. Covarrubias de los deudos del abogado Jonathan Hernández,  ante  quienes se comprometió  en campaña les haría justicia. Otro embuste del remedo de   gobernador (su apapachos públicos a Emilio González  el travesti   exgobernador de Jalisco y protector de  cobardes asesinos es otra vileza adeudada) que para acabarla se deja manipular  por el principal encubridor del artero homicidio de Hernández , el nefasto ex procurador Fernando Gonzalez Rubio y  a quien Marcos Covarrubias  le concedió la dirección de la policía ministerial , obsequiándosela a un licenciado  Galindo, a saber  antiguo empleado de González Rubio en la notaria de Cabo San Lucas- que le regaló su concuño Leonel Cota.  La protección y amistad  de Galindo es la que ha permitido a Saúl Iván Sánchez Camarillo y banda familiar,  invadir violentamente, sin castigo,  un predio costero  que hace  50 años atrás  tiene dueño particular  en la zona de El Coyote municipio de La Paz,  y andar armado amenazando a quien se le atraviese o se niega a abandonar otras propiedades que no son de  ellos, ni lo han sido nunca.

Los Sánchez pichis están metidos en el terreno ajeno  únicamente por el soterrado apoyo   del inocuo procurador Gamil  Arreola, y al parecer también de Armando Martínez Vega, el analfabeta secretario general de gobierno con trayectoria y méritos similares  para ocupar cargos públicos  a los de Luis Armando Díaz. Que  igual llegó de chofer al gobierno de “los nuevos rostros” en 1999,  y tampoco terminó la educación secundaria.

Después de 4  meses de ser demandado penalmente por invasión y despojo tumultuario con armas  de fuego, Saúl Iván Sánchez Camarillo, el ministerio público ni siquiera lo ha citado. Leonel y Juventino Cota, apoyados por el  barbaján ex procurador Gonzalez Rubio  están detrás  de la invasión; e  igual  participación despojadora  de los hermanos con  el  millonario predio frente al Costco de Cabo San Lucas, y otros más  localizables por toda  la geografía estatal. Narciso Agundez a veces es competencia y otras, socio en el despojo; ya es conocido  como son de cochis  entre ellos. Al respecto,  Karim  Martínez, el último procurador de Agundez, anda llore y llore  porqué las actuales autoridades  y el hermano incómodo  por conducto de otro ex procurador,  le bajaron   3  millones de pesos en riguroso efectivo,  para no meterlo al bote por su participación delincuencial en el caso de la invasión conocida como “La Ballena” en San José del Cabo. Toma tu leche  baby.

Al margen.
Uno de los responsables  de la inseguridad de la tenencia de la tierra en el municipio de la Paz, el ex director de catastro y ahora delegado de Corett, Roberto Salazar,  tiene la encomienda  de su patrón Leonel Cota, de regularizar  un mundanal de terrenos agandallados  por él y su familia en los ejidos Chametla y El Centenario. Y atracó al patrimonio público cometido cuando fue presidente municipal de La Paz. Ese  último centro de población ejidal, donde están  recomprando desde hace  3  años, los Cota Montaño,  terrenos vendidos anteriormente por ellos. También fraccionaron  y están comercializando lotes por  la zona de Villas del Encanto. Qué ironía de los antiguos líderes proletarios, enemigos a muerte del capital. Salazar por otra parte se aventó hace unos días, una de sus clásicas declaraciones babosas, cuando afirmó que Corett, expropiaría predios baldíos en zonas urbanas que se encuentren sucios u abandonados, cuando son los ayuntamientos los que tienen  facultades exclusivas sobre el tema. No hace mucho quería cobrar  más  predial al que tuviera albercas en su casa, cuando existe un valor de la propiedad por m2  base del impuesto  que incluye  esos conceptos. En papel de regidor del ayuntamiento anterior, Salazar armó un show mediático  digno de un desequilibrado mental con el síndrome del perro apaleado,  declarando  ante la prensa “me quisieron  sobornar con 2 millones de pesos, me quisieron sobornar con  2 millones de pesos”, negándose  rotundamente el sujeto de marras a  contestar a los insistentes reporteros,  quien como y cuando lo quisieron cohechar. Al parecer la estrategia fue para  “negociar” con  la alcaldesa, porque  cayendo en cuenta afirman conocedores, a partir de ahí  cesó la postura “opositora” de Salazar, convirtiéndose en un descarado lacayo de las trapacerías de Rosa Delia Cota, que hasta su nombramiento como director de Catastro, sostienen, fue un acuerdo entre Esthela Ponce y los Cota Montaño, y negociación  confirmada  por perredistas  relevantes. Por otra parte como puede trabajar en la nueva SRA un individuo que como director del Catastro municipal de La Paz, autorizó  delictivamente que terrenos nacionales en poder de la nación, fueran registrados como propiedad privada. Una investigación de las autoridades federales, debe ser inminente  y contundente. Al bote con el  secuaz  de los Cota Montaño y ex mozo de la oficina del exgobernador Liceaga……………..  El PRI, si de verdad tiene ganas de mejorar su imagen, y el trabajo en beneficio del electorado sudcaliforniano, debe elegir en unidad  al diputado Valdivia como nuevo presidente del C.D.E,  con Edmundo Salgado como secretario General. Mismamente debe Ángel Salvador Ceseña ser el líder de la CNC, al ser un exitoso hombre de trabajo y líder campesino;  y Ramón Alvarado fue o es todavía  un achichincle de lo peor de los exgobernadores perredistas. Al traidor al PRI en BCS y multi concesionario internacional de la franquicia Mc Donald, Isaías Gonzales Cuevas, no hay que darle un solo espacio más  de poder político. Qué vergüenza que su antiguo aliado y socio en abusos   laborales, Leonel Cota Montaño, lo haya llamado hasta el cansancio y sin respuesta,  secuestrador,  ante decenas  de miles  ciudadanos en las pasadas campañas políticas. Hay que recordar que el también acaudalado  Juan Sánchez, el líder vitalicio de la CROC en BCS, junto a la entonces diputada local Patricia Ramírez, eran  la gente que Leonel Cota tenía adentro del PRI para manipularlo. Hasta que el polémico dirigente   tricolor, Miguel Vega,  los mandó  públicamente  a tejer  chambritas……………. De nuevo no hubo oportunidad  de analizar las cinco  hojas del proyecto justificativo de la API –BCS, usadas   para autorizar  inversión estatal  por  300 millones de pesos en un muelle de cruceros en Isla Margarita-Bahía Magdalena.  Por lo pronto debe  señalarse, qué el  suegro del director, un tal  ingeniero García, fue sacado de su retiro de  la Marina Choyers,  para ser pantalla de una constructora llamada Náutica, propiedad del funcionario – y seguramente de Marcos &Cuco  Covarrubias-,  y empresa que tiene a cargo la actual (ficticia)  remodelación de las instalaciones portuarias  con costo (botín) de centenas de millones de pesos,  según el   aviador Garza.  Los concursantes de  las obras  una y otra vez fueron devueltos  con sus propuestas, hasta que  la empresa Náutica estuvo lista para ganar el certamen. Vaya manada  de  ratas bodegueras  que  saquean los recursos de la  API-BCS.;  a cuyo director   se exige en la presente,  haga pública   su postura actual  en torno  a la proyectada  construcción de un  muelle de cruceros en  Isla Margarita- Bahía Magdalena .  O nada más se van a robar a la brava  (a ver que dice el Cuco) los 300 millones…………….. empleados  de la dirección  estatal de obras públicas  fueron llevados hace 15 días  al D.F,  para ofrecer  explicaciones  sobre  graves  desvíos de recursos económicos del FONDEN,  recién radicados por la federación  para el arreglo de las calles de la Ciudad  de La Paz. Que bárbaros, con los trabajos medio  iniciados  y ya les  están documentando sus raterías.  De mil millones de pesos es esta “polla” de los Covarrubias.

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