Por Federico Riestra Castro

• Herencia negra en justicia: crímenes sin resolver, atraso en cambio del Sistema Penal al de Juicios Orales
• Con este sistema el caso Jonathan no se hubiera entrampado; le digo porqué
• Buenas relaciones de Marcos y alcaldes; nada que ver con aquellas de Liceaga con El Chato y Wilson; o las de Mercado con Ruffo y Leonel; o de NAN con Rosa Delia, ¿se acuerdan?

Los Sudcalifornianos sabemos ampliamente de la negra herencia que en materia de procuración e impartición de justicia dejó Narciso Agúndez  a su sucesor, Marcos Covarrubias: sonados crímenes y desapariciones sin resolver, marcado rezago en procuración de justicia en un montón de expedientes en el MP, falta de equipo , falta de infraestructura, y sobre todo falta de voluntad, tanto en la PGJE como en el TSJE, y en este contexto también el atraso en el cambio ordenado por el Congreso de la Unión a todos los estados, de pasar del modelo penal actual escrito e “inquisitorio” hacia el llamado acusatorio, público y adversarial,  conocido como “Juicios Orales”.

Vale la pena abundar sobre el tema, ya que recientemente el Congreso local ha entrado, por fin, a la actualización y adecuación  de los códigos complementarios y toda la infraestructura legal secundaria, que haga posible dicho cambio para bien del pueblo de BCS, que exige lo que ordena la Constitución Federal y local, pero que en la práctica  ha sido letra muerta hace mucho tiempo: justicia pronta y expedita para todos, sin privilegios.

El Congreso de BCS acaba de aprobar el nuevo Código de Procedimientos Penales, y hay acuerdo nacional para que exista ‘un solo código penal para todo el país’, con  algunos matices opcionales en cada entidad federativa, y en eso está el debate, además de otros ordenamientos secundarios en justicia alternativa, etc.

Es de reconocerse que el TSJE, que representa el Poder Judicial, que preside el magistrado Daniel Gallo Rodríguez, con el respaldo total del Ejecutivo Estatal (incremento sustancial del presupuesto después de muchos años de rezago financiero), ha venido trabajando  en forma coordinada con diputados de las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales y la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que es plural y preside el PRI, a través de Marisela Ayala, y antes con Gil Cueva, del PAN,  para abordar con seriedad y dedicación la legislación pendiente hacia la implantación de los juicios orales, así como en lo relativo al aprovechamiento de los magistrados electorales (que actualmente trabajan realmente solo un par de meses cada 3 años) para que refuercen tareas relacionadas con la Sala Unitaria de Justicia administrativa y fiscal en el propio TSJE, que está abrumado por la carga en materia civil y penal en las salas correspondientes, lo que significa rezago también.

Muy activos se han visto varios diputados, entre ellos Omar Zavala, que preside la Comisión de Seguridad y Justicia, y las diputadas Adela González Moreno y Jisela Páes, (de la Comisión de Puntos Constitucionales), que han dado conferencias al respecto en los municipios como Comondú donde se construye y va muy avanzada la primera Sala de Juicios Orales que funcionará en BCS, es una ‘unidad modelo’ como las que ya operan en algunos estados, con todo el equipo de videograbado y amplitud para que asista el público que lo desee.

El 25 de marzo del 2011, es decir, a unos días de la toma de posesión de Marcos Covarrubias, que como sabemos, ganó las elecciones con las siglas del PAN y rompió lazos con NAM y el PRD, escribimos en Forma y Fondo para Colectivo Pericú sobre el tema lo siguiente, que vale la pena retomar:

“Una de las asignaturas pendientes, pero urgentes que deja Narciso Agúndez Montaño a su sucesor, es cumplir con el mandato del Congreso de la Unión en lo que se refiere a la implantación  de la Reforma del  Sistema de Justicia Penal, para pasar a los Juicios Orales, sustituyendo el sistema actual, escrito o mixto, donde predomina la opacidad y la corrupción, que provoca  rezago y un  alto costo para el estado,  con juicios largos, tortuosos, y donde los acusados en su gran mayoría, ni siquiera conocen al juez que lleva su proceso».

En las cárceles, como bien dice el dicho: “no están todos los que son, ni son todos los que están”, lo que se probó en ‘Presunto Culpable’, la película que puso una vez más en el centro del debate la obsolescencia del sistema de justicia penal actual, que se deriva de ordenamientos constitucionales de 1917, cuando México y el mundo eran muy diferentes, y donde no existía ni el teléfono y la Tv, y menos la tecnología actual en celulares, computadora, internet, y CDs que ahora se usan para grabar los juicios en los países más desarrollados, en sustitución de  voluminosos expedientes de papel, cuyo manejo se presta a la corrupción, negligencia e injusticia”.

NADIE ES CULPABLE, HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO
Actualmente los expedientes de los procesos siempre están en manos de secretarios y demás personal, no sólo de los jueces, que no se dan abasto,  con la posibilidad de manoteo indebido, y ese es uno de los motivos que llevaron al Poder legislativo Federal a aprobar, por abrumadora mayoría desde marzo del 2008, ya siendo Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Reforma sobre Seguridad y Justicia Penal, dejando ya en el texto constitucional, en el artículo 20 bien claro que nadie es culpable, hasta que se demuestre lo contrario, en el inciso X, que habla sobre los derechos de toda persona imputada: “…que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”  y el mandato expreso en el sentido de que  “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

Para el cambio e institucionalización en toda la República, el Congreso de la Unión dio un plazo a los estados de 8 años, mismo que se cumplirá en junio del 2016, para dar oportunidad para la capacitación y las reformas a nivel estatal, en los códigos respectivos, fundamentalmente el Código Penal y el de Procedimientos Penales, aprobándose un presupuesto muy amplio para combinarlo con los estados, a fin de conseguir su vigencia plena lo más pronto posible.

Sólo 7 estados ya están en la cuarta y última etapa, que es la de ‘operación’ de los Juicios Orales, y son Chihuahua, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Edomex, Morelos y Baja California (norte).

BAJA CALIFORNIA SUR, DE LOS MÁS ATRASADOS EN EL CAMBIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
BCS, de acuerdo a un estudio con opiniones de investigadores de la UNAM, es una de las entidades más atrasadas, apenas en la primera etapa (de 4 etapas); faltó voluntad del gobernador Narciso Agúndez y del  titular del TSJE, Humberto

Montiel Padilla, ya que antes del arribo, en julio del 2009, con un violento desplazamiento de su antecesor, Ignacio Bello Sosa, de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, se había fijado como meta que para que a más tardar a fines del 2010, ya estuvieran impartiéndose juicios orales en BCS, empezando por delitos no graves, como daño en las cosas, homicidio culposo y robos no agravados, justicia para adolescentes y de asuntos orden familiar, como el divorcio, etc., que comprenden más del 80% de los procesos, para pasar paulatinamente al robo con violencia, violación, secuestro, homicidio doloso, e incluso, por tráfico de drogas, que también es una de las metas cuando el sistema esté en marcha y probado, con la debida capacitación, tanto de la Procuraduría Estatal, en lo que se refiere a la policía investigadora y los fiscales (MP), y por supuesto de los jueces de juicios orales, los “de control” y “de sentencia” (ojo se van a tener que capacitar nuevos jueces).

LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN EL MINISTERIO PÚBLICO. SE REQUIERE TAMBIÉN POLICÍAS BIEN CAPACITADAS
Hay muchas resistencias que vencer se nos dijo, atavismos y mitos que desterrar, e incluso convencer a los abogados litigantes y funcionarios judiciales de las bondades del sistema, que, por otra parte, será obligatorio después del plazo a que nos hemos referido líneas arriba.

Vale más entrarle y lo más pronto, mejor.

Recordamos que Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de la República, en un curso en el DF  nos dijo a los presentes, tanto de áreas de Comunicación  Social, como de los Institutos Estatales de Estudios Judiciales: “Será necesario hacer un enorme esfuerzo para capacitar a jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores de oficio, perito, abogados, ya que las reglas del proceso penal serán muy distintas a las que existen hoy. El buen éxito de la reforma exigirá un cambio de mentalidad en la sociedad civil en su conjunto”.

MENOS APELACIONES CON MÁS INFORMACIÓN A LAS PARTES
Con este tipo de acciones, aplicadas en los países más desarrollados, hace que solamente 10% de las sentencias se apelen, se informó, mostrando estadísticas confiables, pues “la mayoría de las personas quedan, si no satisfechas, al menos conscientes acerca de los elementos que consideró el juzgador en el momento de dictar la sentencia, todo de frente, cara a cara, al acusado y su defensor”.

LA CARGA DE LA PRUEBA RECAE EN LA PARTE ACUSATORIA
Otro aspecto a subrayar en la reforma penal acusatoria, es ‘sobre la carga de la prueba’.

“La obligación de demostrar la culpabilidad de una persona, recaerá en el Ministerio Público”.

Ya no será como ahora, lamentablemente, que el acusado se encuentra en la necesidad de demostrar su inocencia.

LA POLICIA Y EL CASO JONATHAN
Con el nuevo sistema la policía estará también obligada desde el principio, por ejemplo, a preservar la escena del crimen y las primeras evidencias del mismo, para llevar una investigación adecuada (de ahí que se estén capacitando las policías estatales, ministeriales y municipales).

Cualquier prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales sería nula.

Con este sistema, difícilmente el lastimoso caso Jonathan se hubiera entrampado como ahora lo está.

Todo hubiera sido transparente desde el principio, investigación y proceso, y el juicio: público y todo grabado.

LA FRASE DE HOY
“El Gobierno del Estado no le apuesta al fracaso de ningún Presidente Municipal, ya que hacerlo sería atentar contra el mismo pueblo”: Marcos Covarrubias Villaseñor, en el II Informe de la Alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, con la que ha trabajado en forma coordinada, nomás vean las más de 50 calles que se reconstruyen con concreto hidráulico.

Seguramente Marcos tenía en mente la pésima relación entre el Gobernador Víctor  Liceaga con su hermano, Ricardo “El Chato”Covarrubias, de Comondú y con  Antonio Wilson, en La Paz,  o la de Guillermo Mercado con los alcaldes Adán Ruffo y Leonel Cota; o las de Narciso Agúndez con Rosa Delia Cota, que fueron tirantes y muchas veces desafiantes por intereses políticos de grupo, y no siempre por motivos partidistas, puesto que varios militaban en el mismo partido, y que perjudicaron el desarrollo de esos municipios.

friestracastro@yahoo.com y en twitter @riestracastro

Columna terminada de redactar y enviada el 060513 a LAS 7.45 am