Por Víctor Octavio García

El ocio de “legislar”

El pasado martes la diputación permanente del Congreso del Estado dio cuenta de una iniciativa de acuerdo económico presentada por el diputado sanluqueño Alberto Treviño Angulo, cuya esencia trata de que la legislatura emita un acuerdo mediante el cual se solicite al presidente Enrique Peña Nieto la derogación del decreto que con fecha 24 de agosto de 1938 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación,  por medio del cual se determinó como zona protectora federal vedada una parte de la ciudad de La Paz, delimitada por un polígono que parte del cerro El Tecolote (con toda seguridad, el que se encuentra enfrente de la playa del mismo nombre por la zona aledaña a Pichilingue), de ahí al cerro El Coyote (también seguramente aledaño a la playa del mismo nombre), continuando al cerro El Orégano, pasando por los cerros Atravesado y el Bledal, hasta llegar a la mojonera que demarca los predios de El Centenario y El Refugio, siguiendo hasta el Cerro de los Divisaderos (sic), de ahí hasta el predio El Datilito (sic) y hasta el límite de la zona federal marítimo de la costa dando vuelta por El Mojote (sic) y de ahí hasta llegar nuevamente al Cerro del Coyote. Hay que resaltar que quien emitió este decreto presidencial fue el general Lázaro Cárdenas, y que tuvo como finalidad evitar la tala de árboles en terrenos que circundan a las ciudades, así como que se aprovechara solamente la extracción de maderas muertas, y desde luego, lo que nunca ha ocurrido aquí, que se llevaran obras de reforestación con el concurso de las autoridades locales y los vecinos beneficiados con tales obras.
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