Por Víctor Octavio García

Navieras

• Pagar ¿qué?
• ¿Y la autorización?

La semana pasada, ABCdario dio cuenta en este mismo espacio de la existencia de un oficio (DG DG/1016/11) de noviembre de 2011, mediante el cual API-BCS solicitó autorización de la tarifa aludida (ATP). El 16 de diciembre de 2011 se autorizó el cobro de pesaje, y el 13 de enero de 2012 entró en vigencia, cobro que consiste en el manejo complementario a las maniobras para la transferencia de bienes o mercancías en pesaje de vehículos y/o sus complementos en el embarque o desembarque para acceso a la Terminal Portuaria, a todos sus vehículos que ingresen al Puerto de Pichilingue, Baja California Sur y que viajen en los buques de la empresa Baja Ferries S.A. de C. V. Hasta ahí la “razón legal” que puede esgrimir API-BCS en su conflicto con Baja Ferries. Sobre la autorización de las tarifas de Acceso a la Terminal Portuaria (ATP) nada; nada de nada.

Aún así, en medio de tan colosales limitaciones legales API-BCS sigue cobrando tarifas de Acceso a la Terminal Portuaria sin contar con la autorización respectiva no solo afectando a la naviera Baja Ferries, sino a tres empresas más que prestan sus servicios en BCS: Transportadora Marítima de California, gasera Cali Gas y Pemex, independiente de los cobros a cruceros y cargueros que atracan en los muelles de San Carlos, Santa Rosalía, Loreto y San Juan de la Costa.

De acuerdo a estimaciones no oficiales, API-BCS obtiene por dicho cobro irregular poco más de 200 millones de pesos al año con afectación directa a la transportación de pasaje y carga; cargueros, petroleros y cruceros. De los más de 200 millones de pesos que obtiene como ingresos por los cobros irregulares de ATP, más de 120 millones los aporta Baja Ferries; Transportadora Marítima California 50 millones de pesos; Pemex 10 millones de pesos; Cali Gas, 5 millones de pesos; Rofomex 5 millones de pesos y una cantidad similar que pagan los cruceros. Más de 200 millones de pesos libres de polvo y paja que “caen” a las arcas de las API-BCS prácticamente sin rendirle cuentas a nadie.

200 millones de pesos que no se traducen en mejoras de la infraestructura portuaria sino en acciones electoreras y de culto a la personalidad. Con dinero de API-BCS lo mismo se adquieren despensas para fines electorales y partidistas o se remodelan oficinas públicas; se construyen plazas y parques públicos o se entregan “apoyos” sociales. Como es un recurso que no esta fiscalizado por el Congreso ni por ningún Órgano de Control Interno –léase contralorías–; ni contemplado en el presupuesto de ingresos-egresos, mucho menos considerado en el plan de desarrollo, su manejo resulta sumamente discrecional.

Sí API-BCS no administra bien su diferendo con Baja Ferries y sigue esgrimiendo sus razones operando a base de manotazos y golpes mediáticos como ha ocurrido, corre el grave riesgo de que al final “salga poniendo”. Su exigencia a que Baja Ferries les cubra al grito de ya 50 millones de pesos retenidos por la naviera es pecatta minuta comparado con la demanda interpuesta por la naviera en su contra por supuestos “cobros indebidos” por 90 millones de pesos. Lo que cabe –en medio del empantanado diferendo, en el que, sí el conflicto se va a los Tribunales se llevará de dos a tres años cuya resolución final ya no verá el actual gobierno, y si se pierde el pleito, el próximo gobierno tendrá que cargar con los costos de un fallido juego de vencidas– es sentarse a conciliar para poder arribar a acuerdos, ya sea por medio de un “mal arreglo” en lugar de un “buen pleito”.

Aún es tiempo de replantear el conflicto dentro de un escenario o esquema local donde se pueda operar y administrar las diferencias entre uno y otro. Estirar la liga y cerrarse a cualquier tipo de negociación, uno y otro –API-BCS y Baja Ferries– no solo afectara a los protagonistas del conflicto, sino al desarrollo mismo de BCS, que es lo peor. Es hora pues, de que se sienten a platicar por el bien del Estado.

Para cualquier comentario, duda o aclaración, diríjase a abcdario_@hotmail.com

SOBRE EL CABRESTO
El Senador Isaías González Cuevas, se pronunció, una vez más, en contra de la Reforma Laboral presentada por el Presidente Felipe Calderón, porque atenta, dijo, en contra de los derechos más elementales de los trabajadores como la contratación colectiva, el derecho de seguridad, el derecho de huelga, la autonomía sindical así como lo referente al pago por horas, entre otros derechos que se pretenden nulificar. “La Reforma Laboral que apoyaremos –reitero– deberá enmarcarse en el proyecto de nación del Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo primordial es impulsar el crecimiento económico con justicia social que implica el concepto de empleo decente y bien remunerado, acorde con los lineamientos de los organismos internacionales con los que México tiene signados convenios». Sostuvo, el también Dirigente Nacional de la CROC “que con el apoyo del priísmo en todo el país se impedirá que sea aprobada la iniciativa preferente de Reforma Laboral enviada por el Ejecutivo al Congreso el pasado 1 de septiembre” e insistió: “No queremos una sociedad de mercado que vulnere los principios constitucionales y por el contrario aspiramos consolidar una economía con una legislación laboral moderna que genere empleos formales, fortalezca los salarios y haga valer las conquistas de los trabajadores»……Humberto Zamora Ruiz se incorporo al Grupo Madrugadores. En su sesión semanal de ayer martes donde se trato en tema de la minería, Zamora Ruiz dio a conocer el planteamiento hecho por el Centro de Mexicano de Derecho Ambiental que se pronuncia porque se legisle a nivel local tanto en el Congreso del Estado como en los Cabildos de los Ayuntamientos para que se establezcan candados necesarios que eviten que la actividad extractiva dañe el entorno ecológico, sobre todo con la actividad a cielo abierto que utiliza materiales contaminantes, como el arsénico….Ya fueron presentadas ante el Congreso del Estado, las Iniciativas de Leyes de Ingresos para el año fiscal 2013 por parte de los Ayuntamientos de La Paz, Loreto, Mulegé, Los Cabos y Comondú, según lo dio a conocer el Diputado, Juan Domingo Carballo Ruiz, Presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos….Salud.